MARBELLA El empresario Tomás Olivo impugna el PGOU, que le obliga a dar suelo. (SUR)

El TSJA admite a trámite dos recursos presentados por el promotor, a través de sus empresas, contra la aprobación del Plan

07.07.2010 -

HUGO SIMÓN

MARBELLA.

Al empresario Tomás Olivo no le agrada el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. El promotor murciano, acusado en el 'caso Malaya', ha impugnado ante los tribunales el documento que dibuja el nuevo modelo de ciudad y que le obliga a ceder suelo al Ayuntamiento de Marbella para compensar la regularización de inmuebles ilegales.

A través de dos de sus empresas, General de Galerías Comerciales y Europa de Complejos Comerciales, Olivo ha presentado sendos recursos contra la decisión de la Junta de Andalucía de aprobar definitivamente el PGOU de Marbella. Ambas impugnaciones han sido admitidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga.

El empresario interpuso los recursos a finales de abril, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que, sin embargo, no refleja los motivos planteados contra la resolución del Gobierno autonómico. Por su parte, Olivo rechazó ayer pronunciarse sobre el contenido de las impugnaciones.

El Plan establece que el promotor deberá compensar al municipio con la entrega de una parcela en la que está programado que se ubique el nuevo recinto ferial. Los terrenos se encuentran situados al norte del centro comercial La Cañada, propiedad de Olivo, y tienen una superficie de 90.000 metros cuadrados.

El empresario cuenta con un periodo de un año desde que se publicó el PGOU para ceder de manera voluntaria el suelo. Concluido ese tiempo, el Ayuntamiento puede exigirle que ejecute la entrega de la finca.

Con los cambios efectuados antes de su aprobación, el nuevo Plan resulta en teoría mucho más ventajoso para el promotor que el avance del documento, en el que se bloqueaba la consolidación de la tercera fase del complejo comercial La Cañada, al calificar sus terrenos como equipamiento público y programar en dicho enclave el recinto ferial. El texto urbanístico obligaba además a Olivo a invertir 3,5 millones de euros para el desarrollo de la zona recreativa.

Las actuaciones urbanísticas del empresario cartagenero en Marbella han estado constantemente bañadas en polémica. La Junta de Andalucía aplicó a una de sus empresas en 2003 la máxima sanción prevista entonces por ley -más de 600.000 euros- después de construir ilegalmente la segunda fase de La Cañada. Más recientemente, la oposición censuró la licencia municipal concedida hace unos meses al empresario para construir un bloque de viviendas en el antiguo edificio de Radio Nacional. El permiso se aprobó en virtud del PGOU de 1986.