La compañía reclama que se retire el aparato si la vivienda no está en regla y el Ayuntamiento aduce el actual proceso de regularización
Buena parte de las viviendas irregulares mijeñas están habitadas durante todo el año. :: M. C. J.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas anunció que va a solicitar a la compañía eléctrica Endesa una moratoria con respecto a la retirada de los contadores de obra instalados en las viviendas irregulares. Como aval, desde el Ayuntamiento se presentará «el proceso de regularización emprendido desde la propia concejalía de Urbanismo».
Y es que, la compañía eléctrica, haciendo cumplir con la legislación vigente, está remitiendo cartas a numerosos titulares de contadores de obra, en las que da un plazo de 30 días para que éstos presenten la documentación acreditativa de la legalidad de la vivienda, como la licencia de Primera Ocupación o la cédula de habitabilidad. El objetivo de la eléctrica es que los propietarios de las viviendas instalen en el menor tiempo posible el contador definitivo.
En el municipio, la compañía «ya ha procedido a retirar un número considerable de esos contadores de obra» según lo anunciado desde el Ayuntamiento. Estos aparatos se conceden durante el tiempo que dura la construcción del inmueble y por un plazo máximo de vigencia es de tres años, aunque hay excepciones en caso de que se demuestre el retraso en la ejecución del proyecto constructivo.
Por ello, el objetivo del equipo de gobierno que preside el popular Ángel Nozal pasa ahora demostrar a Endesa que las viviendas irregulares con contador de obra, la mayoría de las existentes en la localidad, se encuentran inmersas en un proceso de legalización, en las que residen numerosas familias a las que «la aplicación de la legislación supondría un grave perjuicio», apuntó el concejal de Urbanismo Manuel Navarro.
En este sentido, el delegado además de Urbanismo y Viviendas Irregulares considera que «los propietarios de este tipo de edificaciones son víctimas de una mala práctica municipal anterior» por lo que «no deben volver a pagar las consecuencias de la aplicación de la estricta legalidad».
Desde la administración local se anunció que «están convencidos de que la compañía eléctrica va a ser comprensiva con esta situación». Al respecto, se destacó que el Ayuntamiento de Mijas se va a poner «a disposición de la empresa para solventar de manera conjunta todo este tipo de problemas que se den tanto ahora como en el futuro».
Departamento específico
Esta y otras labores relacionadas con el procedimiento completo de la regularización de las viviendas del término municipal mijeño pasarán, a partir de ahora, por una oficina específica, que se encargará de estudiar y ejecutar los trámites legales para completar el procedimiento técnico, jurídico y administrativo de legalización de las construcciones fuera de planeamiento.
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