El tribunal sostiene que la Junta de Andalucía no debería haber autorizado la obra sin un informe de impacto medioambiental previo
Chimenea de más de cien metros que corona la fábrica. :: SUR
Han tenido que pasar nueve años para que los vecinos de la zona de El Candado vean cómo los tribunales avalan sus reiteradas denuncias sobre los perjuicios que les ocasiona la cercana fábrica de cemento de La Araña. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una sentencia en la que admite a trámite el recurso de estos vecinos contra la licencia de obras que el Ayuntamiento concedió en el año 2003 para la ampliación de la fábrica, un proyecto que incluyó la realización de una torre de 110 metros de altura -superior a la de la Catedral- que el fallo también declara ilegal.
La sentencia argumenta que el permiso de obras que la Gerencia Municipal de Urbanismo, dirigida entonces por el concejal Manuel Ramos, otorgó en abril de 2003 no respetó las normas establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en ese momento, ya que la fábrica estaba considerada como fuera de ordenación por no ajustarse a la calificación de la parcela que ocupa. En esas condiciones, el Ayuntamiento solo podría haber autorizado obras de mantenimiento de la instalación, pero no de ampliación, como fue el caso.
Además, el alto tribunal andaluz sostiene en el fallo que la fábrica de Financiera y Minera, filial española de Italcementi Group, no cumple con la distancia mínima de dos kilómetros a núcleos residenciales, ya que se encuentra a 69 metros de La Araña, a 877 de la urbanización El Candado, a 770 de la barriada de Jarazmín y a 779 de La Cala del Moral.
Del mismo modo, da la razón a los vecinos en dos cuestiones más. Una de ellas es que la Consejería de Medio Ambiente, cuyo delegado provincial en Málaga era Ignacio Trillo, debería haber exigido la realización de un estudio de impacto medioambiental sobre el proyecto y no haber eximido de ello a la cementera con el argumento de que la actuación suponía una mejora para la fábrica. Los vecinos también denunciaron por la vía penal a Trillo hace años, pero la demanda fue archivada.
La otra hace referencia a la citada chimenea de más de cien metros de altura que se ha convertido en referencia visual de la fábrica. El fallo apunta que no debería haberse autorizado porque la altura máxima permitida era de 35 metros, con independencia de que en ningún caso debería haber obtenido los permisos por tratarse de una instalación calificada como fuera de ordenación.
El pronunciamiento del TSJA no deja claro si el fallo es firme o si cabe recurso. Para el abogado de los vecinos, Gonzalo García Weil, la demanda de casación por parte del Ayuntamiento y de Financiera y Minera, como codemandada, «sería bastante complicada».
Fuentes de Financiera y Minera explicaron a este periódico que sus servicios jurídicos están analizando las posibles vías para rebatir esta sentencia y aseguraron que los responsables de la compañía «están tranquilos porque siempre han actuado conforme a la ley» y los permisos que les han otorgado la Administración.
Efectos
Sobre los efectos prácticos del fallo, el letrado de los vecinos no supo precisar cuáles serán ya que, una vez que se confirme que es firme, será el tribunal el que deba promover su ejecución. «De momento hemos conseguido sacarle los colores al Ayuntamiento y obtener un escrito judicial que supone un éxito para la defensa del medio ambiente. Con la situación actual de la cementera va a ser complicado restaurar la legalidad», declaró Gonzalo García, quien hace dos años también obtuvo una sentencia del TSJA contra la ampliación del Parque Tecnológico.
El secretario de la asociación de vecinos de El Candado, Manuel Grund, destacó que la sentencia del TSJA ha dejado en precario todos los actos administrativos posteriores, como la autorización ambiental integrada que la Junta otorgó a FYM en 2007. El Gobierno andaluz también le concedió una subvención de 1,2 millones de euros, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, para modernizar la fábrica. «Estamos ante una industria contaminante para todo el término municipal de Málaga», subrayó Grund.
Cosimo Culotta, vicepresidente de la asociación, añadió que el TSJA les ha dado la razón «pero ahora estamos más intranquilos, porque sabemos que hicieron las obras sin los permisos necesarios». «Nunca sabré qué estoy respirando. Después de esta sentencia, lo mínimo que deberían hacer es dejar de quemar residuos tóxicos», añadió.
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