Tres promotores serán juzgados por estafa 20 años después (La Opinión)

Los acusados se quedaron en 1988 con el dinero de los compradores de los pisos de una urbanización de Marbella, casi mil millones de pesetas
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La Fiscalía de Málaga pide un total de 28 años de prisión para tres empresarios inmobiliarios que se apropiaron de 5,7 millones de euros provenientes del dinero que los compradores de viviendas entregaron a la entidad encargada de vender las casas, que administraban los tres procesados.Según consta en la calificación fiscal, el 20 de octubre de 1988 la compañía Dolla España, que presidía James T. y una de cuyas vocales era June T., concertó un contrato con la empresa Panameña Andalucía Hill Development -que tenía en su cuadro directivo a los dos procesados y a David T.- por el que esta entidad tenía la exclusiva de las ventas por toda Europa, con excepción de España, Portugal y Estados Unidos, de los inmuebles del proyecto de Dolla España, que se estaban construyendo en la supermanzana Tiro de Pichón de Nueva Andalucía, en Marbella.Así, los compradores de las viviendas ingresaban el dinero en Andalucía Hill Development y ésta luego debía revertir las cantidades a Dolla España. Sin embargo, en el curso de tal actividad, los acusados, en su calidad de gestores únicos de la empresa Andalucía Hill Development SA, "con ánimo de obtener ilícito beneficio, se apoderaron de 5,7 millones de euros provenientes de los ingresos efectuados por los compradores y pertenecientes a Dolla España", dice el ministerio público.Así, esta empresa instó la suspensión de pagos el 20 de diciembre de 1990 con el consiguiente perjuicio para sus acreedores, entre ellos la compañía la Cortijada de Velerín y los compradores de casas. Éstos ejercieron sus acciones contra dos compañías aseguradoras y Dolla España "ocasionó a todas las entidades citadas un perjuicio económico cuya cuantía no ha sido cifrada aún", dice el ministerio público.Pero no queda ahí la cosa. James T. como presidente de Dolla España, se incluyó, siempre según la Fiscalía, en la relación de acreedores que la empresa presentó en el expediente de suspensión de pagos, "aparentando un crédito a su favor de 534.207 euros en virtud de un supuesto préstamo personal que no encuentra justificación en la contabilidad de la sociedad", añade el fiscal.Los hechos han sido calificados como apropiación indebida y estafa y serán juzgados 20 años después de su presunta comisión, lo que sucede porque los delitos económicos no prescriben hasta los 15 años y algunos de los acusados podría haber sido declarado en rebeldía. En cualquier caso, los procesados tendrán que indemnizar en 5,7 millones de euros a Dolla España, así como en la cantidad que se fije en la ejecución de la sentencia a las compañías aseguradoras que hicieron frente a las pérdidas de los compradores y a las demás mercantiles perjudicadas. Por último, James T. deberá devolver lo estafado a Dolla España.