Una inversión molesta (SUR)

Instituciones Penitenciarias busca en Málaga 350.000 metros para construir una segunda prisión, que costará unos 130 millones de euros

DESDE ningún punto del pueblo se ve, asegura su director. No se ve a pesar de su enorme torre vigía, que jamás sirvió para vigilar a nadie. Si se atraviesa el pueblo, no se ve señal indicativa alguna, y sólo a la salida, casi cuando ya no queda más remedio, un pequeño panel permite leer: centro penitenciario. A pesar de todo, media España o España entera conoce a esta prisión por el nombre del municipio en el que se construyó hace casi 20 años, desoyendo la oposición dura, frontal y manifestada del entonces alcalde socialista Antonio Vega, que llegó a organizar una expedición de protesta a Madrid. El centro penitenciario de Málaga es la cárcel de Alhaurín, y eso es lo que molesta. Molesta aún más porque el nombre de un pueblo en el que el desarrollo y el crecimiento salta a la vista está ya asociado a Roca, a Julián Muñoz, a las visitas de la Pantoja, a Marisol Yagüe, a García Marcos... «Ha sido el cachondeo de todos los programas rosa... y luego van y salen chistecitos; chistes como ese de que Alhaurín es el pueblo de España con más alcaldes», dice el auténtico regidor, Joaquín Villanova (PP), al que la broma en cuestión no le hace un pelo de gracia.Mala imagen. Ese es el principal argumento que le lleva ahora a decir no a la posibilidad, ya planteada por Instituciones Penitenciarias, de levantar una segunda cárcel en el pueblo; un Alhaurín II, y eso a pesar de que la inversión manejada ronda los 130 millones de euros, con una previsión de al menos dos años de obra: «Quiero que quede claro que no hay tensiones, que tampoco hay desórdenes públicos, pero Alhaurín no es una cárcel; es un pueblo con mucha historia», mantiene el alcalde, que asegura que las repercusiones positivas del actual centro sobre el pueblo son imperceptibles.Un 'oasis' en el puebloLa prisión, dice, es una especie de oasis en el municipio. No paga contribución urbana y no hay servicios contratados con el Ayuntamiento. Ni siquiera el agua que beben los presos es el agua que bebe Alhaurín. El porqué se remonta a 1986 y al tremendo enfrentamiento que siguió a la decisión de Instituciones Penitenciarias de construirla allí, a pesar de tener el pueblo en contra.Por no obtener no obtuvo ni la licencia municipal, y la autorización para su funcionamiento vino del mismísimo Consejo de Ministros, que decreto su utilidad pública y zanjó así la cuestión. Así las cosas se optó por no realizar conexión a la red pública de abastecimiento de agua. Se compró una finca en la que había pozos, se procedió a asumir la depuración y durante diez años, prisión y pueblo vivieron de espaldas, sin mantener relación.Hoy las cosas son bien diferentes y tanto el alcalde como el actual director del centro, Antonio Guerrero, dejan claro que hay muy buena sintonía, un hecho que se manifiesta en actividades conjuntas en forma de exposiciones, en la presencia de los representantes penitenciarios en los actos institucionales; en la celebración del Día de la Merced ¯ patrona de presos y funcionarios¯ en una finca de titularidad municipal e incluso en la sintomática creación de un equipo de fútbol sala mixto, llamado Victoria Kent, formado por reclusos y vecinos.Pero claro, de ahí a que vea con buenos ojos la construcción de un Alhaurín II, para el que Instituciones Penitenciarias busca 35.000 metros cuadrados de suelo, hay un abismo: «Durante 15 años hemos tenido congelado todo el suelo colindante a la prisión. Ahora plantean levantar otro centro a 2 kilómetros, lo que supone congelar las tierras de 1.500 familias. Es una presión excesiva», mantiene.Gasto corriente«Vale, la prisión no paga contribución; pero yo sí la pago por la casa que me he comprado aquí. En Alhaurín viven muchos de los funcionarios del centro; en el pueblo compran la comida, la ropa y en el pueblo pagan los impuestos». el director de la prisión habla sin acritud, mientras ojea los capítulos referentes al coste de mantenimiento; de compra de material de oficina, de abastecimiento de comida, de transporte de funcionarios... Lo hace para calcular el presupuesto en gasto corriente anual que, sin contar los sueldos, llega a los dos millones de euros, y añade que algunos de los monitores de los 18 cursos de formación que se imparten en el centro son también del pueblo; como también parte del personal sanitario y algunos de los trabajadores del mantenimiento.En alguna ocasión, el director ha bromeado diciendo que el centro penitenciario es el municipio 101 de la provincia. Un 'municipio' muy particular, en el que los habitantes tienen limitado el gasto semanal a un máximo de 65 euros y sólo pueden emplearlos en los economatos de sus respectivos módulos.Porque la prisión, que ocupa 60.000 metros cuadrados, se estructura en torno a 15 módulos: Uno para menores de 21 años; seis para presos preventivos; cinco para presos penados y uno para reclusos en régimen de aislamiento o con un perfil tal que hace preciso una especial protección y separación del resto. Es lo que ocurre con aquellos que han cometido agresiones sexuales o con miembros de los cuerpos de seguridad. Casi 2.000 habitantesCada módulo tiene entre 70 y 72 celdas de nueve metros cuadrados; cada una ocupada por dos reclusos, a excepción de las destinadas a menores, en las que hay un preso por celda. En cada módulo hay un comedor; una sala de día y un patio, y luego están las zonas comunes, con una biblioteca circular, un campo de fútbol, un polideportivo cubierto y varias aulas de educación en la que trabajan 18 profesores, un ratio difícil de alcanzar en cualquier pueblo de 2.000 habitantes.Porque casi 2.000 habitantes tiene a día de hoy la cárcel de Alhaurín, o mejor dicho, el centro penitenciario de Málaga, aunque 300 de ellos disfrutan del régimen abierto en la antigua prisión. La cárcel lleva décadas saturadas, así que nadie pone en duda la necesidad de otro centro. El problema es dónde.