Los ayuntamientos frenan la tramitación de las infracciones urbanísticas hasta aprobar sus planes z En Mijas los expedientes están muy avanzados, y en Marbella se han paralizado
La Costa del Sol se ha convertido en los últimos años en referente del urbanismo desordenado y la construcción sin límites. El último informe de Greenpeace apunta que casi el 60 por ciento de los primeros 500 metros de la franja litoral de la provincia es suelo urbano ocupado, un porcentaje que supera el 80 por ciento en localidades como Mijas, o Marbella. La desorganización en la planificación del suelo, unido a presuntas prácticas prevaricadoras en la disposición del terreno, han tenido como consencuencia la existencia de una enorme bolsa de viviendas construidas al margen de la legalidad urbanística.Según datos recabados por este periódico, en la provincia existen más de 36.000 viviendas y construcciones irregulares. Marbella, con 19.000 inmuebles, y la comarca de la Axarquía, con más de 9.000 construcciones principalmente diseminados, son las zonas con mayor número de licencias impugnadas y expedientes por infracciones urbanísticas. En la zona del Guadalhorce, destaca Cártama, donde se tramitan unos 3.000 casos por viviendas ilegales. Estrategias. Ante esta situación urbanística, los ayuntamientos plantean "normalizar" el máximo número de viviendas, siempre que se ajusten al planeamiento urbanístico y a la ordenación territorial dictaminada por la administración autonómica. Pero este proceso de regularización pasa en muchos casos por la resolución de expedientes con altas cargas financieras, que ha generado gran preocupación entre los propietarios. En el caso de Mijas, donde hay 3.000 viviendas ilegales, el Ayuntamiento insta a los afectados a recurrir por la vía judicial los expedientes urbanísticos para detener las sanciones -muchas sobrepasan los 18.000 euros-, mientras se tramita y aprueba el Plan General de Ordenación Urbana. El objetivo es "normalizar la situación de cuantas viviendas irregulares sea posible", utilizando los medios legales y de planeamiento, según el alcalde Antonio Sánchez. No obstante, muchos expedientes están tan avanzados, que ya no cabe recurso y la sanción o el derribo es firme.En Marbella, el Consistorio también ha paralizado las órdenes de derribo hasta aprobar el planeamiento, una decisión respaldada por los tribunales. En cuanto a las compensaciones para regularizar 18.000 viviendas, el equipo redactor del PGOU propone imponer cargas financieras a los propietarios y, subsidiariamente a los propietarios, pero es una proposición que se negocia. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha frenado los expedientes y estudia las alegaciones de los afectados. En Estepona, existen más de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas, de los que un tercio se refiere a construcciones en suelo no urbanizable. Según el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, la mayoría de los casos se están tramitando, pero lo que se intenta es que "el PGOU aborde la regularización de las construcciones con compensaciones, pero no se trata de una amnistía". En esta ciudad se mantiene abierta la polémica por la regularización de los diseminados y la aplicación del POT de la Costa del Sol que establece una figura de especial protección en el suelo donde se ubican.En Cártama, los expedientes por infracciones urbanísticas se están recurriendo mientras se aprueba el PGOU. El alcalde José Garrido, asegura que la pretensión del Ayuntamiento es regularizar las viviendas, pero hay casos graves, como construcciones en los cauces de los ríos que "en ningún caso se pueden legalizar". "Son situaciones muy complicadas, y lo que queremos es que se respete la ley. Habrá que esperar a aprobar el plan general". No obstante, en este municipio se han decretado órdenes de derribo por iniciativa del afectado para restituir la legalidad. Por su parte, la Junta de Andalucía insiste en que son los municipios los responsables de su desarrollo urbanístico. Vicente Granados, director de Ordenación Territorial, recuerda que Málaga es la provincia andaluza con menos planes generales adaptados a los POT y la normativa regional, y añade que en la comarca como la Axarquía hay zonas donde no se ha delimitado el uso del suelo. Este retraso en la aprobación alarga la tramitación de las infracciones urbanísticas.
La Costa del Sol se ha convertido en los últimos años en referente del urbanismo desordenado y la construcción sin límites. El último informe de Greenpeace apunta que casi el 60 por ciento de los primeros 500 metros de la franja litoral de la provincia es suelo urbano ocupado, un porcentaje que supera el 80 por ciento en localidades como Mijas, o Marbella. La desorganización en la planificación del suelo, unido a presuntas prácticas prevaricadoras en la disposición del terreno, han tenido como consencuencia la existencia de una enorme bolsa de viviendas construidas al margen de la legalidad urbanística.Según datos recabados por este periódico, en la provincia existen más de 36.000 viviendas y construcciones irregulares. Marbella, con 19.000 inmuebles, y la comarca de la Axarquía, con más de 9.000 construcciones principalmente diseminados, son las zonas con mayor número de licencias impugnadas y expedientes por infracciones urbanísticas. En la zona del Guadalhorce, destaca Cártama, donde se tramitan unos 3.000 casos por viviendas ilegales. Estrategias. Ante esta situación urbanística, los ayuntamientos plantean "normalizar" el máximo número de viviendas, siempre que se ajusten al planeamiento urbanístico y a la ordenación territorial dictaminada por la administración autonómica. Pero este proceso de regularización pasa en muchos casos por la resolución de expedientes con altas cargas financieras, que ha generado gran preocupación entre los propietarios. En el caso de Mijas, donde hay 3.000 viviendas ilegales, el Ayuntamiento insta a los afectados a recurrir por la vía judicial los expedientes urbanísticos para detener las sanciones -muchas sobrepasan los 18.000 euros-, mientras se tramita y aprueba el Plan General de Ordenación Urbana. El objetivo es "normalizar la situación de cuantas viviendas irregulares sea posible", utilizando los medios legales y de planeamiento, según el alcalde Antonio Sánchez. No obstante, muchos expedientes están tan avanzados, que ya no cabe recurso y la sanción o el derribo es firme.En Marbella, el Consistorio también ha paralizado las órdenes de derribo hasta aprobar el planeamiento, una decisión respaldada por los tribunales. En cuanto a las compensaciones para regularizar 18.000 viviendas, el equipo redactor del PGOU propone imponer cargas financieras a los propietarios y, subsidiariamente a los propietarios, pero es una proposición que se negocia. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha frenado los expedientes y estudia las alegaciones de los afectados. En Estepona, existen más de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas, de los que un tercio se refiere a construcciones en suelo no urbanizable. Según el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, la mayoría de los casos se están tramitando, pero lo que se intenta es que "el PGOU aborde la regularización de las construcciones con compensaciones, pero no se trata de una amnistía". En esta ciudad se mantiene abierta la polémica por la regularización de los diseminados y la aplicación del POT de la Costa del Sol que establece una figura de especial protección en el suelo donde se ubican.En Cártama, los expedientes por infracciones urbanísticas se están recurriendo mientras se aprueba el PGOU. El alcalde José Garrido, asegura que la pretensión del Ayuntamiento es regularizar las viviendas, pero hay casos graves, como construcciones en los cauces de los ríos que "en ningún caso se pueden legalizar". "Son situaciones muy complicadas, y lo que queremos es que se respete la ley. Habrá que esperar a aprobar el plan general". No obstante, en este municipio se han decretado órdenes de derribo por iniciativa del afectado para restituir la legalidad. Por su parte, la Junta de Andalucía insiste en que son los municipios los responsables de su desarrollo urbanístico. Vicente Granados, director de Ordenación Territorial, recuerda que Málaga es la provincia andaluza con menos planes generales adaptados a los POT y la normativa regional, y añade que en la comarca como la Axarquía hay zonas donde no se ha delimitado el uso del suelo. Este retraso en la aprobación alarga la tramitación de las infracciones urbanísticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario