Embargan las cuentas del Ayuntamiento de Alozaina por una deuda con proveedores (SUR)

El gobierno local cifra en tres millones de euros la suma total de débitos y la achaca a la anterior corporación. La medida impide pagar a los 30 empleados municipales
«Ahora mismo es como si el Ayuntamiento no existiera». Esta dramática frase la utilizaba ayer el alcalde de Alozaina, Francisco Guzmán, para resumir la situación por la que atraviesa el Consistorio después de que un juzgado haya ordenado embargar todas sus cuentas bancarias tras una denuncia por impago presentada por un proveedor.«No puedo autorizar ningún pago y entonces los trabajadores no pueden cobrar y el Ayuntamiento no puede pagar ni la luz», lamentó el regidor, quien explicó que el bloqueo de las cuentas fue comunicado el pasado día 2 por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Málaga. El detonante ha sido una denuncia interpuesta por una empresa de movimientos de tierras que reclamaba el pago de una factura de 52.200 euros por unas obras realizadas en 2003. Sin embargo, la deuda municipal es todavía mayor y podría ascender a los tres millones de euros, según aseguró el alcalde, quien culpó de la situación a la gestión del anterior gobierno municipal de Izquierda Unida.Francisco Guzmán, que pertenece al PSOE, explicó que el Consistorio debe dinero a numerosos proveedores, a Hacienda y a la Seguridad Social, razón por la cual se había enfrentado anteriormente a otros cuatro embargos, aunque es la primera vez que la orden bloquea por completo el acceso a las tres cuentas bancarias que posee el Ayuntamiento. El primer edil dijo que ahora se buscarán fórmulas para saldar el pago pendiente con el proveedor que ha interpuesto la denuncia, aunque se mostró preocupado por el tiempo que podría prolongarse la medida. No en vano, los 30 trabajadores municipales podrían verse sin cobrar sus salarios a final de mes y es posible que tampoco se puedan sufragar gastos corrientes como la electricidad.

Plantilla sin cobrar

«Endesa puede acabar cortando la luz, lo que ocasionaría que, por ejemplo, dejara de funcionar el pozo de agua que suministra a la población», declaró el alcalde, que aseguró que no hay jurisprudencia por una medida similar contra un ayuntamiento. De momento, ya se han interpuesto dos recursos contra la decisión de la jueza a través del Sepram, el servicio jurídico de la Diputación. En uno de ellos se solicita que se levante el embargo y en otro se pide que el caso pase a la vía contencioso-administrativa. Guzmán, quien añadió que espera reunirse pronto con la magistrada titular del Juzgado, señaló además que se está estudiando emprender acciones legales para depurar responsabilidades ante la elevada deuda contraída por el Ayuntamiento en estos últimos años.En esta línea, aseguró que se han encontrado pagarés emitidos por el equipo de gobierno anterior que suman 155.000 euros. «Todavía no sabemos qué es lo que se ha pagado con ese dinero», denunció el regidor de Alozaina.