Los propietarios de viviendas irregulares tendrán voz en la revisión del PGOU. Mijas (SUR)

La asociación de afectados insiste en la necesidad de recurrir las órdenes de derribo y los expedientes sancionadores para paralizar su ejecución
La Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas siempre ha defendido que la solución a los expedientes de demolición y a las sanciones pasa por la legalización de las construcciones irregulares vía Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ahora han logrado el compromiso municipal de que técnicos del colectivo de afectados formarán parte de una comisión de seguimiento en la próxima revisión del planeamiento urbanístico, que se acometerá a finales de año. Así lo aseguró a este periódico Juan Antonio Blanco, presidente de la asociación, quien se mostró «mucho más optimista» tras la reunión mantenida hace unos días con el alcalde, Antonio Sánchez, y el concejal de Urbanismo, Juan Cruz.Mientras tanto, desde la plataforma de afectados insisten en la necesidad de recurrir los expedientes para poder paralizar su ejecución, ya que, una vez se cierra el plazo de alegaciones, la decisión es firme. «El Ayuntamiento no puede paralizar una orden de demolición, pero si se presenta un recurso, el procedimiento puede quedar suspendido», recalcó Blanco, quien aseguró que ya se han producido algunas paralizaciones de derribos.

Mayor representación

La Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas representa ya a unos 200 afectados. Sin embargo, esta cifra aún es insuficiente para sus responsables, teniendo en cuenta que existen unos 3.000 expedientes abiertos por diferentes infracciones urbanísticas con sanciones económicas que oscilan entre los 5.000 y los 130.000 euros, y 300 de ellos con órdenes de demolición. La mayoría de estos inmuebles irregulares se encuentran ubicados en diseminados como La Alquería, Entrerríos, Macorra, La Majadilla, La Alberquilla, Candelaria, Fuente Algarrobo, Valtocado y Osunillas. Durante el encuentro con los afectados, el alcalde volvió expresar la voluntad del equipo de gobierno de salvar todas las viviendas posibles, siempre que la ley lo permita. En este sentido, el primer edil ha recordado en varias ocasiones que habrá casos en los que no sea posible la regularización y haya que restablecer la situación urbanística, como donde haya viviendas que invadan el dominio público o que estén edificadas sobre espacios protegidos. Otra cuestión que ha venido recalcando Sánchez es que la vuelta a la legalidad de estas construcciones no eximiría a sus propietarias de hacer frente a las pertinentes sanciones económicas