Solicitan a las administraciones que saquen ahora a concurso los contratos previstos para los próximos 2 ó 3 años para evitar que a final de año pueda haber 45.000 parados en el sector
A nadie escapa que la crisis inmobiliaria es más dañina allí donde más importancia económica tiene la construcción. En Málaga, donde ha liderado de manera indiscutible los continuos crecimientos a lo largo de los últimos años, la recesión puede ahora mandar al paro a unos 45.000 trabajadores, según la Asociación de Constructores y Promotores (ACP). Para evitarlo, la patronal ha pedido a las administraciones que saquen a concurso ahora, y con carácter de urgencia, las obras públicas que tengan previstas para los próximos dos o tres años; parece ser la única manera de soportar una crisis que ha elevado las cifras de desempleo a niveles desconocidos en la última década en la provincia de Málaga.La licitación pública es uno de los factores de los que dependen principalmente las economías. Los proyectos que ejecutan tanto los ayuntamientos como las diputaciones y los gobiernos regionales, además del central, mueven miles de millones de euros al año en Málaga. Sin ir más lejos, según los datos de la ACP, 2007 se cerró con 1.687 millones invertidos, y entre enero y abril de este año van 794. El ritmo es superior en la comparación interanual, pero la crisis que padece ahora España anula esta ventaja. Y los puestos de trabajo están en peligro."Hacemos un llamamiento a las administraciones para que den trabajo a las empresas constructoras con obra pública y civil", asegura José Prado, presidente de la ACP. "Que la actividad residencial entre en crisis no quiere decir que los constructores tengan que pagar los platos rotos; igual que hacen casas pueden hacer autovías", afirma. Se da la circunstancia de que las empresas están finalizando justo ahora las viviendas que se vendieron sobre plano a finales de 2006 y principios de 2007; después comenzó el ´parón´ y a partir de ahora llegan los problemas."Hemos podido subsistir por la inercia de aquellas ventas, pero se acaba. Y a partir de ahora, ¿qué queda? ¿A la calle los trabajadores?", se pregunta Prado. Ante esta situación queda la vía de la licitación pública, que por cierto es más elevada en la provincia de Málaga que en cualquier otra de Andalucía, al menos hasta el momento. Además de contratos de obras de infraestructuras, la asociación de constructores ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que el Gobierno regional "dé algún tipo de protección pública a las viviendas que hay en ´stock´ o reserva", es decir, las que están construidas o en fase final de construcción pero que no tienen compradores.Pymes. La medida serviría para dar salida a todas estas promociones, "ya que, para las viviendas protegidas, los consumidores tienen mayor acceso a los préstamos", resalta el presidente de la ACP. De esta manera se produciría una reactivación económica que contribuiría a paliar la crisis, cuya cara más agresiva aún no se ha visto. Esto es, al menos, lo que prevén los expertos en economía. La situación es más desfavorable para las empresas medianas y pequeñas (pymes) dedicadas a la construcción. Las grandes no tienen problema en concurrir a concursos de grandes obras -AVE o autopistas, por ejemplo-, pero a esta nivel no llegan las de menor importancia. Pero paradójicamente representan el 90% del sector y emplean a la mayoría de los trabajadores. Por ello, Prado pide que sean especialmente los ayuntamientos y la Diputación quienes aumenten la licitación pública a corto plazo, pues sus obras sí están al alcance de las pymes.
A nadie escapa que la crisis inmobiliaria es más dañina allí donde más importancia económica tiene la construcción. En Málaga, donde ha liderado de manera indiscutible los continuos crecimientos a lo largo de los últimos años, la recesión puede ahora mandar al paro a unos 45.000 trabajadores, según la Asociación de Constructores y Promotores (ACP). Para evitarlo, la patronal ha pedido a las administraciones que saquen a concurso ahora, y con carácter de urgencia, las obras públicas que tengan previstas para los próximos dos o tres años; parece ser la única manera de soportar una crisis que ha elevado las cifras de desempleo a niveles desconocidos en la última década en la provincia de Málaga.La licitación pública es uno de los factores de los que dependen principalmente las economías. Los proyectos que ejecutan tanto los ayuntamientos como las diputaciones y los gobiernos regionales, además del central, mueven miles de millones de euros al año en Málaga. Sin ir más lejos, según los datos de la ACP, 2007 se cerró con 1.687 millones invertidos, y entre enero y abril de este año van 794. El ritmo es superior en la comparación interanual, pero la crisis que padece ahora España anula esta ventaja. Y los puestos de trabajo están en peligro."Hacemos un llamamiento a las administraciones para que den trabajo a las empresas constructoras con obra pública y civil", asegura José Prado, presidente de la ACP. "Que la actividad residencial entre en crisis no quiere decir que los constructores tengan que pagar los platos rotos; igual que hacen casas pueden hacer autovías", afirma. Se da la circunstancia de que las empresas están finalizando justo ahora las viviendas que se vendieron sobre plano a finales de 2006 y principios de 2007; después comenzó el ´parón´ y a partir de ahora llegan los problemas."Hemos podido subsistir por la inercia de aquellas ventas, pero se acaba. Y a partir de ahora, ¿qué queda? ¿A la calle los trabajadores?", se pregunta Prado. Ante esta situación queda la vía de la licitación pública, que por cierto es más elevada en la provincia de Málaga que en cualquier otra de Andalucía, al menos hasta el momento. Además de contratos de obras de infraestructuras, la asociación de constructores ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que el Gobierno regional "dé algún tipo de protección pública a las viviendas que hay en ´stock´ o reserva", es decir, las que están construidas o en fase final de construcción pero que no tienen compradores.Pymes. La medida serviría para dar salida a todas estas promociones, "ya que, para las viviendas protegidas, los consumidores tienen mayor acceso a los préstamos", resalta el presidente de la ACP. De esta manera se produciría una reactivación económica que contribuiría a paliar la crisis, cuya cara más agresiva aún no se ha visto. Esto es, al menos, lo que prevén los expertos en economía. La situación es más desfavorable para las empresas medianas y pequeñas (pymes) dedicadas a la construcción. Las grandes no tienen problema en concurrir a concursos de grandes obras -AVE o autopistas, por ejemplo-, pero a esta nivel no llegan las de menor importancia. Pero paradójicamente representan el 90% del sector y emplean a la mayoría de los trabajadores. Por ello, Prado pide que sean especialmente los ayuntamientos y la Diputación quienes aumenten la licitación pública a corto plazo, pues sus obras sí están al alcance de las pymes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario