domingo, 6 de julio de 2008

«El Ayuntamiento de Mijas acelera los expedientes de demolición de viviendas». Mijas (SUR)


La directiva de la Plataforma de Afectados criticó la actitud municipal. Aseguran que la falta de ayuda hace que lleven cuatro meses estancados

La Asamblea General de la Plataforma de afectados por viviendas irregulares de Mijas reunió ayer a más de 200 personas para aclarar las estrategias a seguir con el fin de acelerar los gestiones que impidan la tramitación de más expedientes de demolición. En este sentido, la directiva aseguró que de las más de ocho mil construcciones ilegales de todo el término, actualmente son dos mil las que ya están expedientadas.Por ahora, y tras varios meses sin recibir una cita con el alcalde, Antonio Sánchez, la asociación ha planteado un pleno extraordinario a través de alguno de los partidos políticos en Mijas. Aunque por ahora no tienen la fecha del pleno, los afectados no dejan de trabajar en pro de la paralización de las sentencias administrativas. Entre los últimos recursos que se han presentado para que el Consistorio, que según el abogado de la Plataforma posee la potestad de paralizar las sanciones administrativas a través de una moción.Para el presidente de la asociación, Juan Antonio Blanco, «el Consistorio está tomando por tontos a todos los afectados». Para Blanco, «prometen que van a estudiar el caso pero no paralizan la tramitación de resoluciones». Hasta ahora y según los datos de la plataforma «se han expedientado una de cada cuatro construcciones irregulares».Otra de las pautas a seguir para «ganar tiempo» en los procesos y que no se embarguen a más afectados es presentar un recurso de nulidad en la tramitación de las sentencias, ya que al parecer el trámite de audiencia que permite a los afectados comprobar su expediente sancionador, no ha sido mostrado con tiempo suficiente para poder alegar. Además, ya se han presentado recursos en los juzgados «pero las resoluciones no se dictarán hasta octubre».
Acusaciones
Por otro lado, Blanco criticó la actitud del concejal no adscrito Jose Antonio Sánchez quien, en su opinión, «a trabajado con algún tipo de acuerdo con el equipo de gobierno porque fomentaba la no alegación de expedientes sancionadores mientras que la policía urbanística aceleraba los procesos administrativos». Para muchos de los afectados es «inconcebible que lleven cuatro meses estancados porque el propio Consistorio no aporta soluciones». Por ello, la Asociación va a acudir al Parlamento Andaluz, al Congreso, al Senado y a cuantas administraciones puedan resolver este problema social.

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