jueves, 10 de julio de 2008

La vivienda: un mercado limitado para los inmigrantes (La Opinión)

El IMV de Málaga participa en el Plan Estratégico 2007-2010 para fomentar la cohesión social con políticas públicas basadas en la igualdad de oportunidades
La inmigración en España es, actualmente, un fenómeno de cambio social sin precedentes que está transformando el mapa social de las ciudades desde distintos ámbitos, como el social, cultural, económico y urbano. Las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y Zaragoza son las principales áreas metropolitanas de España donde esta población se ha asentado entre los años 2001 y 2007. Estas ciudades han absorbido el 40% de los tres millones de inmigrantes que han llegado durante ese periodo. Las administraciones públicas tienen que afrontar las necesidades y carencias relacionadas con la problemática vinculada a la vivienda de los inmigrantes dentro de la ciudad evitando el riesgo de exclusión social y la formación de gueto o ámbitos de segregación. Un estudio realizado por la Universidad de Almería relativo a los inmigrantes y la vivienda señala que en las grandes ciudades tantos los inmigrantes documentados como los no documentados tienen grandes dificultades en encontrar viviendas en los barrios o lugares que se suponen normalizados, puesto que el mercado residencial está controlado casi en su totalidad por agencias inmobiliarias con una visión hacia un demandante nacional o extranjero del primer mundo más o menos adinerado, y esto provoca que los inmigrantes tengan que buscar casa en aquellos lugares donde el mercado es controlado por pequeños propietarios o inmobiliarias que trabajan con casas de baja calidad y donde el precio de acceso es menor. Por tanto, los inmigrantes en estas ciudades viven por un lado, en los barrios periféricos y marginales o en los cascos antiguos de las ciudades ocupando los edificios más deteriorados y de peores condiciones de habitabilidad.El régimen de tenencia de las viviendas por inmigrantes es fundamentalmente el alquiler y sólo entre un 3 y 5% de los inmigrantes residentes acceden a viviendas en propiedad, aspecto que viene motivado por su poca capacidad de endeudamiento. El Ayuntamiento de Málaga ha desarrollado políticas de cohesión social para fomentar la integración. No obstante, en los últimos diez años la población inmigrante de Málaga ha crecido de forma notable pasando del 3% en 1996 al 8% de la población censada en 2005. La integración de la población inmigrante en el ámbito social apenas ha supuesto problemas de convivencia con la población local. Los inmigrantes forman habitualmente grupos más o menos cerrados entre sus países de origen, El Ayuntamiento de Málaga ha desarrollado diversos programas de atención al inmigrante de tipo preventivo como ´Acércate y conocerás otra realidad´ o ´El derecho a las diferencias´. Actualmente existe un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 que supone fomentar la cohesión social a través de políticas públicas basadas en la igualdad de oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de pertenencia a la población inmigrada a la sociedad española y el respeto a la diversidad. El Instituto Municipal de la Vivienda participa en este plan y en la oferta de viviendas protegidas. Los requisitos para los solicitantes vienen marcados por el empadronamiento en el municipio con unos años de antiguedad, en la medida en que las VPO están destinadas para ser residencia habitual y permanente de la unidad familiar, por lo que se busca que se demuestre una integración en el municipio durante algún tiempo. En la oferta realizada en 2006, de los más de 23.000 solicitantes 1.392 eran extranjeros, es decir, un 5,94% de todos los solicitantes. Una vez realizado el sorteo fueron agraciados en el mismo 1.561 nacionales, lo que representa el 95.18%, por 79 inmigrantes, el 4,82%. La normativa reguladora de las viviendas protegidas no establece diferencias para el acceso a este tipo de viviendas entre nacionales e inmigrantes, aunque sí tienen que estar residiendo de forma legal en nuestra comunidad autónoma y tener capacidad jurídica tanto para arrendar como para adquirir.

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