Medio Ambiente recorta en 4.200 viviendas el PGOU elaborado por la propia Junta. Marbella (SUR)

La delegación provincial pide que se ajuste el nuevo parque residencial a la ratio de crecimiento del POTA. Tilda de «inviable» la autopista proyectada al norte

Nueva carambola en el ámbito urbanístico. La Junta de Andalucía se corrige a sí misma. Si el documento de revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella lo confeccionó el equipo redactor bajo directrices de la Consejería andaluza de Obras Públicas, cuando ésta tenía las competencias en esta materia, ahora es la Delegación Provincial de Medio Ambiente la que supedita la declaración de impacto ambiental -vinculante para el Ayuntamiento- a que cumpla a pies juntillas una docena de determinaciones. La de mayor repercusión alude a la previsión de crecimiento que recoge el nuevo Plan General, cuya aprobación provisional se ha retrasado a septiembre. En el informe de declaración previa, al que ha tenido acceso este periódico, Medio Ambiente recorta en algo más de 4.200 viviendas la previsión de parque residencial para los próximos ocho años, por lo que éste se incrementaría en unas 14.100 en vez de en 18.407 casas que recoge el nuevo planeamiento urbanístico. A esta cifra, hay que sumar otras 9.236 viviendas (con un mínimo del 30% de VPO) que contempla el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Y es que la delegación provincial pide que se revise el incremento de población estimado conforme a los criterios de crecimiento establecidos por el POTA y así, se «ajuste la dotación de viviendas y la superficie edificable a su resultado». En caso de aplicar el ratio de 2,7 personas por casa, según establece el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el POTA, en vez de 2 que utiliza el PGOU marbellí, el incremento poblacional sería del 39,6 por ciento -unas 50.000 personas- «muy superior al límite del 30 por ciento que establece la norma del POTA». Por otro lado, Medio Ambiente incide en la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos para garantizar los nuevos crecimientos previstos.El informe apunta a que el documento urbanístico «podría ser viable a los solos efectos ambientales» y explica que la declaración de impacto ambiental se formulará cuando se apruebe el texto provisionalmente, con la incorporación del condicionado. Respecto a los plazos, la alcaldesa Ángeles Muñoz confirmó ayer, tras la reunión con la delegada provincial del Gobierno andaluz, María Gámez, que el nuevo PGOU se llevará al pleno de septiembre. Según Muñoz, «el último trámite está prácticamente acabado» y sólo quedan unas 200 alegaciones por estudiar.

Rechazo

Medio Ambiente se opone a una de las grandes apuestas en infraestructuras de comunicación, criticada por los colectivos. Se trata de la variante norte de la autopista de peaje, en la falda de Sierra Blanca, incluida en el Plan Territorial y concebida para descargar los incrementos de circulación. Para la delegación provincial, resulta «inviable» por suponer «un impacto de magnitud e intensidad elevada sobre el monte de Sierra Blanca», no justificarse su utilidad y plantear discordancias con el modelo sostenible de transporte que impulsa el propio PGOU.El Gobierno andaluz también matiza las propuestas de mejora de la conexión interurbana, que recoge el nuevo Plan. Así, ve «necesario» estudiar trazados alternativos en algunos tramos. Por otro lado, pide que se incluya como suelo no urbanizable de especial protección el alcornocal de Elviria y el monte público de Sierra Blanca, y que se corrija los límites de un sector al norte de la AP-7, de uso residencial de baja intensidad, por invadir zona de protección especial.