La Policía registró una sucursal bancaria, un despacho de abogados y varios domicilios · La investigación es a nivel nacional y afectaría a unos 70 profesionales y a casi 200 inversores
La Costa del Sol vuelve a la primera línea de actualidad por un gran delito económico. Una sucursal bancaria, un despacho de abogados y al menos dos viviendas vinculadas a personas de este despacho profesional fueron registrados ayer por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria durante el transcurso de una investigación por un fraude a la Hacienda Pública que excedería los 200 millones de euros y con el que vinculan a unas 70 personas de distintas provincias. La inversiones se hacían en fundaciones de Liechtenstein, principal paraíso fiscal de Europa, tras pasar por una entidad bancaria de este país -LGT Group- y después de ser evadido de España a través de un entramado financiero. Fuentes del Instituto Armado informaron de que la intervención se inició a primera hora de la mañana, con 19 registros a un banco, asesorías fiscales, agencias de inversión y otros despachos profesionales de Málaga, Madrid, Barcelona y Zaragoza, que estaban previsto que se prolongasen durante la pasada madrugada. La intervención de ayer corresponde con la primera fase de la investigación, pues del análisis de los equipos informáticos y los documentos intervenidos se desprenderán nuevas líneas de investigación.La parte del operativo desarrollado en la provincia de Málaga se centró en Marbella, donde agentes desplazados desde Madrid inspeccionaron una sede de un banco supuestamente implicado en la trama, un despacho de abogados y al menos dos viviendas relacionadas con las personas del mismo.La intervención, dirigida por el juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga la comisión de delitos fiscales y blanqueo de capitales a través del envío de fondos a Liechtenstein, operación que se inició en el mes de abril, después de que la Agencia Tributaria enviara a la Fiscalía la información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein correspondientes a 198 titulares españoles. La operación, en la que por el momento el juez no ha ordenado ninguna detención, aunque aún se mantiene abierta, ha puesto de manifiesto la comercialización de productos bancarios a través de bancos privados y agencias de inversión, con la ayuda de distintas asesorías fiscales, con el fin de facilitar al inverso una estructura opaca que permitiera su ocultamiento ante la Hacienda Pública y evitar así consecuencias impositivas o patrimoniales. Asimismo, se ha podido establecer la existencia de una cantidad de personas físicas y jurídicas que habrían dirigido a través de estas estructuras importantes cantidades de dinero hacia el Principado de Liechtenstein, gestionando estas inversiones a través de fundaciones administradas por mercantiles ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del dinero con el inversor en cuestión. De esta forma, el dinero ya limpio podía ser devuelvo a los empresarios en España u otros países como Suiza. Las fuentes consultadas explicaron que los implicados conseguían de este forma no declarar parte del dinero que poseían, para lo cual abonaban un porcentaje a los asesores, abogados o personal del banco, "que lógicamente siempre era inferior al 35% que exige Hacienda".Éstas manifestaron que el principal delito que se investiga es el fraude y que el de blanqueo de capitales es una consecuencia de la salida ilícita del dinero del país.Los investigadores podrían estar implicados varios empresarios, entre ellos miembros de la alta burguesía catalana, aunque a día de ayer no se había producido ninguna detención. En total, podría haber implicadas unas 70 personas, fundamentalmente empresarios y trabajadores en despachos de abogados, y el importe de lo defraudado puede alcanzar los 200 millones de euros.Las pesquisas relacionadas con esta operación, denominada Jade Limusina, continúan.
La Costa del Sol vuelve a la primera línea de actualidad por un gran delito económico. Una sucursal bancaria, un despacho de abogados y al menos dos viviendas vinculadas a personas de este despacho profesional fueron registrados ayer por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria durante el transcurso de una investigación por un fraude a la Hacienda Pública que excedería los 200 millones de euros y con el que vinculan a unas 70 personas de distintas provincias. La inversiones se hacían en fundaciones de Liechtenstein, principal paraíso fiscal de Europa, tras pasar por una entidad bancaria de este país -LGT Group- y después de ser evadido de España a través de un entramado financiero. Fuentes del Instituto Armado informaron de que la intervención se inició a primera hora de la mañana, con 19 registros a un banco, asesorías fiscales, agencias de inversión y otros despachos profesionales de Málaga, Madrid, Barcelona y Zaragoza, que estaban previsto que se prolongasen durante la pasada madrugada. La intervención de ayer corresponde con la primera fase de la investigación, pues del análisis de los equipos informáticos y los documentos intervenidos se desprenderán nuevas líneas de investigación.La parte del operativo desarrollado en la provincia de Málaga se centró en Marbella, donde agentes desplazados desde Madrid inspeccionaron una sede de un banco supuestamente implicado en la trama, un despacho de abogados y al menos dos viviendas relacionadas con las personas del mismo.La intervención, dirigida por el juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga la comisión de delitos fiscales y blanqueo de capitales a través del envío de fondos a Liechtenstein, operación que se inició en el mes de abril, después de que la Agencia Tributaria enviara a la Fiscalía la información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein correspondientes a 198 titulares españoles. La operación, en la que por el momento el juez no ha ordenado ninguna detención, aunque aún se mantiene abierta, ha puesto de manifiesto la comercialización de productos bancarios a través de bancos privados y agencias de inversión, con la ayuda de distintas asesorías fiscales, con el fin de facilitar al inverso una estructura opaca que permitiera su ocultamiento ante la Hacienda Pública y evitar así consecuencias impositivas o patrimoniales. Asimismo, se ha podido establecer la existencia de una cantidad de personas físicas y jurídicas que habrían dirigido a través de estas estructuras importantes cantidades de dinero hacia el Principado de Liechtenstein, gestionando estas inversiones a través de fundaciones administradas por mercantiles ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del dinero con el inversor en cuestión. De esta forma, el dinero ya limpio podía ser devuelvo a los empresarios en España u otros países como Suiza. Las fuentes consultadas explicaron que los implicados conseguían de este forma no declarar parte del dinero que poseían, para lo cual abonaban un porcentaje a los asesores, abogados o personal del banco, "que lógicamente siempre era inferior al 35% que exige Hacienda".Éstas manifestaron que el principal delito que se investiga es el fraude y que el de blanqueo de capitales es una consecuencia de la salida ilícita del dinero del país.Los investigadores podrían estar implicados varios empresarios, entre ellos miembros de la alta burguesía catalana, aunque a día de ayer no se había producido ninguna detención. En total, podría haber implicadas unas 70 personas, fundamentalmente empresarios y trabajadores en despachos de abogados, y el importe de lo defraudado puede alcanzar los 200 millones de euros.Las pesquisas relacionadas con esta operación, denominada Jade Limusina, continúan.
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