El municipio acumula unos 800 expedientes de construcciones ilegales. Estepona (SUR)

El Consistorio refuerza el proceso de instrucción de estas denuncias y anuncia que a partir de ahora estos casos se tramitarán con mayor celeridad

Casi la mitad de los expedientes por irregularidades urbanísticas en Estepona se refieren a construcciones que están al margen de la legalidad. El municipio acumula unos 800 casos de viviendas ilegales para las que el Consistorio tratará ahora de buscar fórmulas para poder, en algunos casos, regularizarlas en la revisión del planeamiento o mediante otras figuras. La mayoría de estos expedientes se refieren a las edificaciones realizadas en los 'campitos'. El alcalde de Estepona y concejal de Urbanismo, David Valadez, ya anunció que desbloqueará los 2.000 expedientes existentes para aplicar la legalidad. De hecho, ninguna de estas irregularidades -cometidas desde 2003- ha prescrito, según explicó el portavoz del PSOE, Antonio Sánchez. Lo cierto es que no todos son directamente sancionadores, sino que también los hay de ejecución de obras o movimientos de tierra no autorizados.La reactivación de estos expedientes llevan aparejada la obligación de restituir la legalidad perturbada con la demolición, además de una sanción económica, que oscila entre el 50% y el 150% del valor de la obra. «La idea es buscar unas soluciones compatibles con la restauración de la legalidad y los intereses de los ciudadanos esteponeros», dijo Sánchez. La actitud permisiva del Ayuntamiento comenzó a dar un giro de 180 grados durante el mandato del ex concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. En el último año se instruyeron más de 200 expedientes y se ordenaron más de medio centenar de paralizaciones de obras.

Junta de portavoces

El portavoz del PSOE avanzó que el equipo de gobierno quiere acabar con los comportamientos irregulares por parte de los vecinos y que a partir de ahora los expedientes de disciplina urbanística se tramitarán con mayor celeridad. Para ello, se va a reforzar el proceso de instrucción de los mismos mediante la incorporación al procedimiento de un habilitado nacional, en este caso, el secretario adjunto de la Corporación.El regidor ofreció ayer esta información a los portavoces de la Corporación. Entre los asistentes se encontraba el concejal del PP, Ricardo Galeote, que manifestó la necesidad de dar confianza a los inversores y en acelerar los trámites para la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para favorecer las inversiones en el municipio.