Denunciarán a la Junta y al Ayuntamiento por dejar sus viviendas fuera de ordenación.
No esperarán a que la Junta de Andalucía apruebe de forma definitiva el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Los propietarios de las cerca de treinta viviendas de Río Real que quedarán fuera de ordenación en el futuro planeamiento del municipio acudirán a los tribunales antes de que el Gobierno autonómico otorgue el visto bueno decisivo al PGOU.
El equipo jurídico que representa los intereses legales de estos vecinos trabaja aún en las acciones legales a emprender. Sin embargo, según aseguraron fuentes de la comunidad de propietarios a este periódico, tienen claro los destinatarios de sus querellas: el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía,
Los afectados responsabilizan a ambas administraciones de que sus inmuebles no hayan sido incorporados al sistema de regularización que contempla el plan. Un proceso que sí permitirá la normalización de unas 17.000 viviendas ilegales pero que no incluye cerca de medio millar de inmuebles habitados repartidos en tres promociones. El complejo Banana Beach y un grupo de casas en la zona de La Víbora completan las edificaciones ocupadas que quedan fuera de ordenación.
Argumentos legales
A pesar de que el Gobierno andaluz no ha dado todavía luz verde al nuevo PGOU, los vecinos de Río Real consideran que existen ya argumentos jurídicos para actuar legalmente contra la Administración autonómica. Entre ellas, según la comunidad de propietarios, las manifestaciones públicas del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, sobre la voluntad de la Junta de cara al documento urbanístico.
Espadas advirtió al Ayuntamiento de Marbella de que el nuevo Plan no sería aprobado de manera definitiva si legalizaba la situación de las tres edificaciones en conflicto. Para los vecinos de Río Real, otro motivo de querella radica en el hecho de que el Gobierno autonómico «nos haya cobrado los impuestos a pesar de impugnar la licencia».
Acto de cobardía
En el caso del Ayuntamiento de Marbella, la comunidad de propietarios mantiene que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, cometió un «acto de cobardía» al no incorporar finalmente al nuevo PGOU las modificaciones planteadas por el equipo de Gobierno, entre las que se encontraba la inclusión de las tres promociones en el sistema de regularización de viviendas ilegales por medio de compensaciones.
Los vecinos de Río Real censuran también la actuación del PSOE de Marbella, puesto que, según afirman, se mostró de acuerdo con la legalización de sus viviendas en reuniones previas a la aprobación provisional del Plan. Fuentes de la comunidad de propietarios aseguran que los ediles socialistas, incluso, facilitaron un listado con 27 actuaciones urbanísticas similares a Río Real que sí serán regularizadas por el nuevo PGOU.
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