El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) enfila la recta final del largo camino que comenzó hace cuatro años. Sólo quedan algunos flecos. «Un mero trámite administrativo», explicó ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz. O algo más. Pese a que la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) refrendó el pasado enero casi al cien por cien, punto por punto, el nuevo planeamiento que marcará el paso de la ciudad en la próxima década, sobre la mesa quedó suspendido un uno por ciento. Entre otros, cuatro edificaciones que el Plan regularizaba inicialmente, todas en la franja costera, a la espera de que se clarificara si estaban en la misma situación que los bloques de Banana Beach, Río Real y un grupo de inmuebles de La Víbora -habitados, en suelo de sistemas generales y en el borde litoral- que no tendrán acomodo en el Plan General.
El Ayuntamiento defiende que la situación es distinta, y así lo elevará al pleno extraordinario del próximo lunes en el que se dará luz verde al cumplimiento de las correcciones marcadas por la Junta. El objetivo es pedir a la Junta que se levante la suspensión para que el planeamiento entre en vigor en su totalidad. En un extenso y detallado informe, al que ha tenido acceso este periódico, los técnicos de Urbanismo repasan cada uno de los casos pormenorizadamente. El de Los Magnolios (Jardines de La Costa), Vistamar (Alvarito Playa), Parque Arroyo de La Víbora y la suspensión del uso comercial de uno de los establecimientos del Plaza del Mar.
Tras delimitar con tiralíneas la zona de servidumbre de protección y de influencia del litoral, el Consistorio defiende que los criterios para la normalización que había marcado en estos casos el equipo redactor son los correctos. La linde de la servidumbre de protección tan sólo afectaría a una parte de un edificio de Parque Arroyo de La Víbora. En este caso concreto, el argumento de los técnicos es que tras el último deslinde la superficie afectada es «poco relevante» y se verá compensada con otro suelo de mayor valor. Para Los Magnolios, aducen que la zona que debe preservarse para el uso público se respeta «al cien por cien», mientras que en el caso de Vistamar argumentan que se trata de suelos urbanizables no programados según el PGOU del 86, por lo que tampoco se daría el mismo supuesto que en las tres edificaciones que finalmente sí quedaron fuera de ordenación. En todos estos casos, además, se tiene en cuenta en qué situación estaban las lindes cuando se edificó y después de que Costas pasara revista al borde litoral. «Finalmente no llegará a afectar a ninguna de las viviendas», avanzó el concejal de Urbanismo, Pablo Moro. La última palabra la tendrá la Junta, con la que, según el edil, se han consensuado cada una de las correcciones para que las áreas suspendidas puedan salir del limbo.
Dominio hidráulico
Igualmente el Ayuntamiento ha elaborado el estudio hidráulico requerido por la Cotua para levantar la suspensión sobre los sectores San Francisco Norte, Chorraero y Arroyo Segundo, que afectaban a la ribera de ríos y arroyos del término municipal en los que no se había clarificado la zona de uso público. En este caso también pedirán a la Junta, en virtud de que se han subsanado las deficiencias, que se levante la medida sobre esta parte del Plan General. El objetivo: que Marbella tenga finalmente un PGOU sin fisuras.
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