La corporación municipal acordó ayer en pleno extraordinario el primer documento urbanístico local
La corporación aprobó ayer el primer PGOU. La Opinión
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Ojén no tenía Plan General de Urbanismo, hasta ahora. La corporación municipal aprobó ayer, en pleno extraordinario, de forma provisional y sólo con los votos a favor del GSIO, el documento que regulará el crecimiento de la localidad en los próximos ocho años. La nueva norma aspira a corregir errores pasados. De entrada, permitirá regularizar unas 600 viviendas.
Estos inmuebles se reparten en dos grandes urbanizaciones, La Mairena y El Vicario. El Ayuntamiento de la ciudad ha pactado su normalización con los promotores y la ha suscrito en dos convenios urbanísticos distintos.
En virtud de ellos, el constructor de La Mairena deberá abonar unos 3 millones de euros en parcelas para compensar las irregularidades, mientras que el promotor de El Vicario deberá desembolsar en metálico unos 950.000 euros. «Los vecinos no tendrán que pagar nada», aseguró a este diario el alcalde, José Antonio Gómez.
Tramitación
El primer planeamiento de Ojén acumula más de cuatro años de tramitación administrativa. Anteriormente, el Consistorio regía el crecimiento urbanístico a través de normas subsidiarias establecidas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Sociedad de Planificación y Desarrollo de la Diputación provincial (Sopde) fue contratada por el Ayuntamiento para elaborar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Hace algo más de año y medio que el documento fue aprobado inicialmente y expuesto públicamente. Recibió alrededor de 400 alegaciones. Ayer, el pleno lo aprobó. El trámite que le queda pendiente es su aprobación definitiva, que ya depende de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, dependiente de la Junta.
La nueva hoja de ruta de Ojén le permite crecer en más de 400 viviendas nuevas, que se sumarán a las 3.000 existentes en todo el término municipal.
La localidad cuentan con un territorio total de 86 kilómetros cuadrados ocupados por 2.805 habitantes censados.
A partir de ahora, la legalidad urbanística está fijada en el PGOU y su cumplimiento quedará controlado por los mecanismos establecidos por el Ayuntamiento a partir de sus propios recursos.
El municipio apenas cuenta con cinco policías locales y un bufete de abogados contratado por el Consistorio para encargarse de los expedientes de disciplina urbanística, que asesoran y siguen los procedimientos abiertos.
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