martes, 24 de mayo de 2011

Acusados los dueños de Aifos de apropiarse de 1,12 millones de € (La Opinión)

Se trata de las sumas entregadas por 27 compradores de casas en una urbanización de Casares


Jesús Ruiz Casado, dueño de la empresa Aifos
Jesús Ruiz Casado, dueño de la empresa Aifos Carlos Criado

JOSÉ ANTONIO SAU La Fiscalía de Málaga pide cuatro años de prisión para Jesús Ruiz Casado y su mujer, Teresa Maldonado Taillefer, administradores de Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, por un presunto delito de apropiación indebida cometido al quedarse con 1,12 millones de euros entregados por los compradores de viviendas en una exclusiva urbanización de Casares.

Los afectados son catorce parejas, dos adquirentes individuales y una empresa que compraron diecinueve casas en la promoción conocida como Hacienda Casares, ubicada en la localidad homónima. La mayor parte de los que se hicieron con viviendas de Aifos son extranjeros de nacionalidad británica.

Las cantidades entregadas por las parejas oscilan entre los 51.000 euros y los casi 70.000. Destaca el caso de una empresa que se hizo con cuatro viviendas en la promoción, pagando las siguientes cantidades por cada una de ellas: 69.911 euros, 70.651, 65.101 y 69.951. Todas estas cuantías se hicieron efectivas a lo largo de los años 2003 y 2004, según consta en el escrito de acusación fiscal, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.

«En cualesquiera de tales supuestos, el resto del precio, hasta completar el pago íntegro de las viviendas adquiridas, quedaba diferido al momento en que se concediera a Aifos un crédito hipotecario, en el cual se subrogaría el adquirente», explica el responsable de la acusación pública en el escrito de conclusiones provisionales, remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga.

Las obras jamás comenzaron

En los contratos se fijaba, explica el fiscal, «de manera expresa», para el supuesto de que el comprador resolviera el documento, «que las cantidades entregadas le serían devueltas con el interés correspondiente». Ello se podía aducir por «expiración del plazo para la iniciación o finalización de las obras», según el artículo tres de la ley 57/68. En el documento contractual se establecía «como fecha máxima de expiración del plazo de comienzo de las obras el 1 de noviembre de 2004», añade el acusador público.

No se iniciaron los trabajos por razones que, «básicamente, pueden centrarse en los retrasos en la urbanización de los terrenos». A ello se había comprometido la vendedora de las parcelas a Aifos, pero la «construcción nunca se alzó» en esa superficie.

«No puede acreditarse por parte de Aifos el haber empleado el dinero recepcionado de los adquirentes en las necesidades derivadas del proceso constructivo. Si hubiera aperturado una cuenta especial donde ingresar las sumas recibidas, sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto, pero no lo hizo, ni ha verificado la restitución de esas sumas por otros cauces», subraya el acusador público.

Calificación fiscal

Los hechos han sido calificados por el ministerio fiscal como un supuesto delito continuado de apropiación indebida, por el que se le piden cuatro años de cárcel a Ruiz Casado y otros tantos a su esposa, amén de sendas multas de 6.000 euros y el abono de las costas procesales. De esa cantidad responderá subsidiariamente Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias.

Asimismo, «por vía de responsabilidad civil, los acusados, de manera solidaria, y la mercantil, con carácter subsidiario, abonarán a los compradores las sumas que entregaron y que se han considerado objeto de apropiación por parte de los encausados», apostilla el fiscal.

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