Algunas zonas del sendero litoral que se remontan a la 'era GIL' invaden el domino público y siguen al margen de la legalidad
Vista del paseo marítimo de albero, que en algunos tramos invade la zona de dominio público. ::JOSELE-LANZA
Marbella quiere poner en orden todo su paseo marítimo. Y no solo en lo que se refiere al mobiliario, los equipamientos o los accesos, tareas en las que el Ayuntamiento ya lleva meses enfrascado. También que todos y cada uno de los tramos cuenten con todos los parabienes. La tarea no es fácil. Entre Marbella y Puerto Banús la senda que recorre el litoral en los conocidos como tramos de albero sale y entra de manera intermitente en zonas calificadas como de dominio público marítimo-terrestre del litoral marbellí, con lo que teóricamente en estos espacios tendría que haber única y exclusivamente arena y bañistas.
El problema se remonta a la época en la que el GIL llevaba las riendas del Consistorio. Nada más llegar al sillón de la Alcaldía el desaparecido Jesús Gil puso sus ojos en mejorar el frente litoral pero lo hizo sin tener en cuenta autorizaciones ni permisos de las administraciones competentes, caso de la Demarcación de Costas. Simplemente metió las máquinas allá donde quiso y abrió camino a los peatones. «Lo que proponía Costas para Marbella era tercermundista», llegó a decir el exalcalde, que repartió a los operarios por la playa desoyendo las advertencias de las administraciones superiores.
Aquellos tramos de paseo marítimo, que le supusieron expedientes sancionadores y multas millonarias a las arcas municipales, siguen a día de hoy fuera de la legalidad; un problema que el equipo de gobierno pretende solucionar. «Nuestra intención es regularizar lo que hay, que todo quede en orden con la obtención de concesiones», explica Antonio Espada, concejal delegado de Medio Ambiente y Playas durante los últimos cuatros años, que continuará al frente de la misma cartera tras tomar posesión de su acta el pasado sábado.
Las gestiones hace meses que comenzaron. Primero con la Jefatura de Costas en Málaga, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y ahora con la Junta, que se ha hecho con las competencias del litoral. La fórmula elegida es la de las concesiones administrativas, idénticas a las que se otorgarán para la regularización de los chiringuitos que igualmente están en zona de dominio público y que quedarán bendecidos con estos permisos. La única salvedad es que en este caso el Ayuntamiento no tiene un fin lucrativo, sino que quiere oficializar y sacar del limbo algunas zonas del paseo marítimo de las que se lleva encargando más de una década.
Tramo por tramo
Para ello, los técnicos municipales están elaborando un expediente en el que se pondrá negro sobre blanco qué tramos exactamente invaden la zona de dominio público. «Hay unas partes que entran y otras que salen y se están analizando tramo por tramo», apunta el edil. En concreto, hay suelos afectados en las inmediaciones de los clubes de playa de algunos hoteles de lujo o en áreas cercanas a Puerto Banús. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya abordó este asunto en una reunión que mantuvo en 2008 con la entonces directora general de Costas, Alicia Paz. Su objetivo era llegar a un acuerdo para evitar la demolición, aunque fuera con la transformación del paseo con materiales de menos impacto ambiental.
Esta medida, de hecho, es la que se ha adoptado en dos de los nuevos tramos ejecutados en los últimos meses, los que discurren entre la playa de El Ancón y el Coral Beach y entre Malibú y la avenida Lola Flores. Para estos dos senderos ya se han solicitado concesiones al haberse habilitado igualmente en zona de dominio público. Con un tratamiento blando de albero y barandillas de madera, el impacto es mínimo, pero igualmente es necesario obtener las concesiones para que no haya ningún contratiempo.
Fuentes de Costas indicaron que en estos caso, tras las conversaciones con el equipo de gobierno, se puso como condición al Ayuntamiento que se tratara de senderos provisionales a la espera de la obtención del suelo en la zona de servidumbre de tránsito gracias al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). «Por supuesto, una vez que se recupere, todo eso debe ir para atrás», añadieron las mismas fuentes. Ahora Costas dejará la tramitación de las concesiones en manos del Gobierno andaluz, que desde el pasado abril decide sobre las autorizaciones de ocupación y aprovechamiento del dominio público.
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