El Ministerio Público acusa a Ruiz Casado y a su esposa de no devolver 1,1 millones a un grupo de compradores de una promoción en Casares
Entregaron una suma de dinero, que osciló entre los 50.000 y 70.000 euros, para adquirir una vivienda en una promoción inmobiliaria que, según creían, se estaba levantando en la localidad de Casares. Las obras de construcción del complejo residencial, a cargo del grupo Aifos, deberían haberse iniciado en noviembre de 2004, pero, seis años y medio después, cerca de una veintena de compradores -la mayoría de ellos, parejas de extranjeros- siguen reclamando la devolución de la cuantía que confiaron a la promotora por unas viviendas que nunca llegaron a percibir. La suma supera los 1,1 millones de euros.
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un presunto delito continuado de apropiación indebida que el Ministerio Público atribuye al propietario de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y a su esposa, Teresa Maldonado, para los que pide una pena de cuatro años de prisión. La acusación particular considera que existe también un supuesto delito continuado de estafa, por lo que solicita un total de ocho años de cárcel para cada uno de los imputados.
Según recoge el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, Aifos desarrolló una promoción inmobiliaria denominada 'Hacienda Casares' y dividida en varias fases en la localidad malagueña que da nombre al complejo. Los afectados, entre los que se encuentra también una mercantil, adquirieron entre noviembre de 2003 y junio de 2004 cerca de una veintena de inmuebles, para lo que entregaron diversas cuantías económicas. El resto del importe hasta completar el precio de las viviendas estaba supeditado a la concesión de un crédito hipotecario a Aifos al que se subrogarían los adquirientes.
En los contratos, según destaca el Ministerio Público, se fijaba de manera expresa que las cantidades entregadas serían devueltas con el interés correspondiente en el caso de que los compradores lo solicitaran por incumplirse el plazo de inicio o de finalización de las obras. «La construcción nunca se alzó», señala en su escrito el fiscal, que indica que Aifos no ha podido acreditar que empleara el dinero recibido de los compradores en las necesidades del proceso de edificación. Según el Ministerio Público, si la promotora hubiera abierto una cuenta donde ingresar las sumas recibidas, «sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto». «Mas no lo hizo, ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces», añade el escrito.
Para la acusación particular, los afectados firmaron los contratos de compra e hicieron frente a las obligaciones económicas «bajo un claro y evidente engaño, ya que se les hizo pensar que se estaba construyendo» la promoción. «No había ni licencia de obras», destaca en su escrito la representación legal de los denunciantes, que estima que los hechos, por tanto, son también constitutivos de un presunto delito continuado de estafa. La acusación particular eleva la petición de pena hasta los ocho años de prisión y solicita una multa económica mayor para los dos imputados. Coincide con la Fiscalía al demandar la restitución de las sumas de dinero entregadas por los compradores.
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