El Gobierno andaluz ya tiene la titularidad de las instalaciones y el Consistorio prevé abandonarlas a finales de año
Las oficinas de Urbanismo, en la avenida Ricardo Soriano, ya son titularidad de la Junta de Andalucía. :: J-LANZA
Aún se puede leer Ayuntamiento de Marbella en su fachada. No le falta razón. En su interior trabajan a destajo los funcionarios de la Delegación Municipal de Urbanismo, que despachan a diario entre planos, licencias, expedientes e informes. Pero en el registro de la propiedad la titularidad ya no es la misma. Las oficinas de la céntrica avenida Ricardo Soriano, antaño cuartel general del exgerente de Urbanismo y principal imputado por el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, han cambiado de manos: de las del Ayuntamiento a las de la Junta de Andalucía. Y de paso han aliviado en casi cinco millones de euros la deuda de 106 millones que las arcas municipales arrastran con el Gobierno autonómico a cuenta del anticipo reintegrable que le concedió tras la disolución de la Corporación municipal por el estallido del 'caso Malaya'.
Ambas administraciones firmaron el año pasado un convenio por el que se iba a entregar el inmueble, compuesto por dos locales comerciales de más de mil metros cuadrados y un sótano de 750 metros cuadrados como fórmula para desatascar el reintegro del crédito, que se le había atragantado al Ayuntamiento, al que las finanzas no le dan más de sí por la pesada losa de deudas heredadas del gilismo. Una salida airosa sin tener que lastrar aún más las cuentas municipales.
Discrepancias
Pero los trámites sufrieron un pequeño traspié por las discrepancias entre las tasaciones encargadas por ambas administraciones. De una parte, la municipal, encomendada a la agencia Tinsa, cifró en 5,3 millones de euros el valor de las oficinas, mientras que la empresa Arco Valoraciones, a quien la Dirección General de Patrimonio del Gobierno andaluz le pidió que valorara el coste de las instalaciones, recortó el precio en 800.000 euros.
La cosa no llegó a mayores. En el acuerdo firmado entre ambas partes se incluyó una cláusula para que, en caso de discrepancias, se aceptara lo que dictaminara una tercera tasación, como finalmente ha ocurrido. El resultado: 4.975.000 euros, la misma cantidad que el Ayuntamiento ha arañado de su deuda con la Junta. Tal y como confirmó ayer a este periódico el coordinador general de Hacienda, Carlos Rubio, el acuerdo, por fin, está más que sellado. Tanto, que las oficinas ya forman parte del catálogo de patrimonio del Gobierno andaluz, aunque sigan estando ocupadas por los funcionarios municipales.
Los planes municipales pasan porque el traslado se produzca a finales de año, según pudo saber este periódico. El destino está claro. La nueva sede, tal y como ya adelantó SUR, será el edificio regularizado que se levanta sobre los terrenos de la antigua sede de Correos, entre las calles Alonso de Bazán y Notario Luis Oliver. La legalización del bloque implicó la cesión de 1.380 metros cuadrados de oficinas, que se destinarán a dependencias municipales, en concreto a albergar a los más de 80 funcionarios de la Delegación Municipal de Urbanismo. El interrogante es el destino que el Gobierno andaluz le dará a la actual sede de Urbanismo, en plena avenida Ricardo Soriano. Según pudo saber este periódico, el Ayuntamiento quiere instar a la Junta a que lo destine a centro de salud para paliar el déficit de equipamientos sanitarios de la zona centro de Marbella; una propuesta que realizaría formalmente una vez despejara las instalaciones.
Más cesiones
Previsiblemente la sede de Urbanismo no será el único local que el Consistorio ceda como pago de la deuda. El acuerdo suscrito el pasado mes de diciembre entre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la consejera de Hacienda del Gobierno autonómico, Carmen Martínez Aguayo, contempla la entrega de bienes a cuenta para abonar el crédito, siempre y cuando no formen parte del patrimonio de suelo y estén exentos de cargas. Aunque desde el Consistorio marbellí no han adelantado de momento que se esté trabajando en ningún otro inmueble para ponerlo a disposición de la Junta.
También se deja la puerta abierta a la opción, similar a la negociación que llevó a cabo la regidora por los débitos millonarios con Hacienda y la Seguridad Social que se heredaron de los gobiernos gilistas, de acometer los pagos con el patrimonio recuperado en procedimientos judiciales, dinero que está llegando con cuentagotas y a menor ritmo del esperado
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