viernes, 28 de octubre de 2011

Mijas encarrila con el aval de la Junta la regularización de tres mil viviendas (SUR)


El Ayuntamiento prevé culminar el proceso de legalización en cuatro años, aunque advierte de que habrá demoliciones
28.10.2011 - 
FRANCISCO JIMÉNEZ
 
MIJAS.

Aún quedan muchos pasos que dar, pero Mijas ya tiene perfilado el camino para regularizar la mayor parte de las 3.750 construcciones levantadas en suelo rústico. Y lo más importante: de momento cuenta con el aval de la Junta de Andalucía. El proceso pasa por la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en suelo no urbanizable, para lo que antes será necesaria la elaboración de un inventario de las viviendas y demás inmuebles existentes en los diseminados rurales, además de la redacción de planes especiales de urbanización e infraestructuras. A partir de entonces, los propietarios de viviendas susceptibles de normalización tendrán vía libre para iniciar a título individual el proceso de legalización.
Tratándose de trámites urbanísticos es complicado marcarse plazos, pero el objetivo del Ayuntamiento es que en dos años puedan estar tanto el catálogo de inmuebles como la revisión del planeamiento y en otros dos los planes especiales. «Siempre hemos dicho que iba a ser un proceso muy largo», advirtió el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, quien también dejó claro dos cuestiones. La primera, que no habrá una amnistía generalizada, de forma que «algunas viviendas tendrán que ser demolidas»; la segunda, que el proceso de regularización saldrá del bolsillo de los vecinos beneficiados.
En este sentido, el edil aclaró que «en ningún momento» se van a paralizar los expedientes en marcha -«porque no se puede», aclaró- ni quitar las multas coercitivas «hasta averiguar cómo hacerlo legalmente». A lo que sí se comprometió fue a «no iniciar ningún embargo» contra quienes no hagan frente a las sanciones.
Navarro no pudo ayer ocultar su satisfacción con el resultado de las reuniones que el pasado martes mantuvo en Sevilla con la directora general de Inspección de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Urioste, y la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega. «Nos han abierto todas las puertas para culminar el curso de la legalización y nos han situada como el referente de Andalucía por cómo estamos trabajando, por el criterio y por el enfoque que hemos dado a la solución del problema, que se hará ajustándonos estrictamente a la legalidad, para que no haya sorpresas de futuro o falsas promesas», aseguró.
A falta del inventario pormenorizado, la Consejería de Obras Públicas ha entregado al Ayuntamiento un estudio de localización de viviendas y asentamientos en suelo no urbanizable, cifrándolas en 3.750, aunque como recalcó Navarro, «no todas son ilegales».

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