La aprobación inicial de esta ordenanza, que afectará también a los trabajos de ampliación de inmuebles, se prevé en el próximo pleno
08.11.2011 -
Las viviendas de autoconstrucción se suelen situar fuera de los tradicionales núcleos urbanos.:: M. C. J.
La autoconstrucción en el término municipal de Mijas es una medida más que extendida desde hace décadas. Son muchos los vecinos que, en su mayoría herederos de una parcela en algún diseminado rural, optan por levantarse su propia vivienda, siendo una opción más barata que la adquisición de una perteneciente a una promoción. Sin embargo, esta costumbre no está regulada. Al menos hasta el momento. Y es que, desde el Ayuntamiento se está ultimando una ordenanza específica con la que pretende facilitar el acceso a una casas dignas a aquellas familias con bajo nivel de rentas.
Esta legislación, que será pionera en el país, contempla una serie de beneficios tributarios tanto para quienes opten por construir siempre dentro del ordenamiento urbano de la localidad- una casa nueva o también en los casos en los que solo sea necesaria una ampliación. Así, los beneficiarios se ahorrarán hasta un 50 por ciento de los costes de las preceptivas licencias municipales vinculadas a la construcción. «Se trata de una medida de ámbito local y de carácter eminentemente social», señala el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, quien aseguró que «con esta normativa se ponen sobre la mesa nuevas medidas para promover la economía en Mijas».
La intención del equipo de gobierno pasa por aprobar inicialmente la iniciativa en el próximo pleno, que tendrá lugar el último sábado de noviembre. De salir adelante, se podrán acoger a los beneficios que se contemplan las familias solicitantes con cuatro miembros, siempre que no tengan ingresos superiores a tres veces y media el Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.). Esta cifra aumentará hasta cuatro veces y media si la unidad familiar tiene entre cinco y siete miembros. En el caso en que el núcleo familiar esté formado por siete personas, el máximo de ingresos exigidos crecerá hasta los cinco veces y medio el SMI.
En la normativa se recoge que se entiende como unidad familiar todas aquellas que estén compuestas por los cónyuges, padres o madres solteros, con hijos menores de edad. Excepcionalmente se considerará miembro de la unidad familiar a los hijos mayores de edad, en el caso en que estén inscritos como demandantes en los servicios públicos de empleo, además de los discapacitados o ascendientes de los cónyuges o cabeza de familia, siempre que estén incluidos en los registros de Beneficencia Municipal.
Empadronados
La ordenanza será aplicable si los solicitantes, que deberán estar empadronados en el término municipal, carecen de una vivienda a su nombre que cumpla las condiciones de habitabilidad. También en los casos en que ésta se encuentre- con sus correspondientes certificados técnicos- en estado ruinoso. Por otro lado, se podrán beneficiar de la iniciativa aquellas personas que no posean bienes distintos al solar donde pretenden edificar la vivienda o quienes justifiquen la necesidad de ampliar su residencia habitual, alegando falta de espacio o incremento de la unidad familiar. Desde el Ayuntamiento se quiere ser estricto con el ordenamiento urbanístico actual, de manera que «en ningún caso, la vivienda a construir será superior a 150 metros cuadrados- equiparando los criterios a los de una VPO- y siempre deberán cumplir con las normas del planeamiento urbano del municipio, de acuerdo con la calificación del suelo», apuntó el concejal. En este sentido, la ordenanza prohibe expresamente las licencias de autoconstrucción en urbanizaciones o núcleos residenciales que tengan un plan parcial aprobado.
En cuanto al coste de los trabajos, el documento recoge que los solicitantes se podrán acoger a los beneficios en la valoración de las obras a ejecutar, con una reducción de los honorarios profesionales para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como de las tasas urbanísticas, que dependen del valor estimado de la vivienda o de la ampliación.
Navarro quiere puntualizar que la normativa «no es, en ningún caso, permitir o hacer la vista gorda», en relación a la permisividad ante la construcción de viviendas ilegales, «sino que se trata de ayudar a los que menos tienen para que puedan construirse una vivienda digna». Al respecto, concretó que «aunque se facilitará mucho la autoconstrucción de casas, cualquier solicitante debe cumplir con una serie de requisitos mínimos legales».
Sobre las labores de construcción, el edil asegura que «la obra deberá ser autoconstruida al menos en lo que respecta a albañilería y pintura». Es decir, «no se va a conceder beneficios a quienes que contraten a una empresa para que le construya la casa entera, aunque se entiende que hay tareas que requieren de la intervención de profesionales, como puede ser el levantamiento de la estructura y la instalación eléctrica», destacó.
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