Los propietarios de casas ilegales en Marbella tardaron años en ser considerados compradores de buena fe
La Guardia Civil registró esta misma semana el Patronato de Recaudación. Arciniega
JOSÉ ANTONIO SAU Más allá de la segunda entrega del caso Arcos, que se ha saldado con la detención de ocho personas y la imputación de otras siete, sobre este nuevo golpe policial del proceso contra la corrupción en Alcaucín planea una idea que representa a la perfección el síntoma de un mal que ha sufrido la Axarquía especialmente desde finales de los noventa: el urbanismo salvaje y la continua estafa que ciudadanos extranjeros han sufrido con la adquisición de suelos y viviendas ilegales.
Un jurista comentaba esta semana que el verdadero problema de la Axarquía queda retratado visualmente a la perfección cuando uno sobrevuela la comarca en avión: los ecologistas creen que hay más de 20.000 viviendas ilegales desperdigadas en la zona, aunque la Junta, que acaba de aprobar un decreto para legalizarlas a través de un trámite lento y complejo pero seguro, rebaja esa cifra a 13.000 y cree que de su texto normativo podrán beneficiarse en torno a 12.000.
Alcaucín, según un estudio del Gabinete de Estudios de la Naturaleza (Gena) de Ecologistas en Acción, era en 2006 el pueblo con el mayor índice de sostenibilidad de la comarca. Sólo entre 2000 y 2008, la población del municipio aumentó más de un 65%. Ese crecimiento desproporcionado se intentó arreglar recalificando todo el extrarradio –más de 144.000 metros cuadrados–: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero la Junta tumbó la iniciativa.
En el último golpe de la operación, que nace de una pieza separada secreta desde principios de 2011, se ha destapado una trama que se dedicaba a manipular la base de datos del catastro a cambio de comisiones presuntamente ilegales para que parcelas no urbanizables aparecieran reflejadas como edificables. Así, los extranjeros adquirían el suelo pensando que podrían construirse una casa, lo que era incierto. De ahí que, entre los delitos investigado, se haya insertado el de estafa. La tarifa oscilaba entre los 200 y los 300 euros.
Entre los detenidos están el exregidor José Manuel Martín Alba, ya arrestado en febrero de 2009 cuando estalló la primera fase del caso, y el exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputación, José Mora, a quien la juez y la Fiscalía Anticorrupción atribuyen un papel fundamental en este proceso. Hay un abogado y un promotor inmobiliario. El jurista tiene un papel destacado en esta trama, pues por su bufete pasaba buena parte del urbanismo de la localidad, según algunas fuentes.
Estafados no cooperadores. La importancia del segundo golpe policial de Arcos estriba en que a los extranjeros se les estafó, como avanzó este periódico el 28 de enero de 2011, lo que supone una nueva línea de investigación: en Marbella, por ejemplo, los compradores de buena parte de las 18.000 viviendas ilegales no fueron considerados como compradores de buena fe, pero en Alcaucín, la juez de Arcos, Irene Urbón, y la Fiscalía Anticorrupción, consideran que son afectados, estafados, y, por tanto, se les está ofreciendo la posibilidad de ejercer la acusación particular en el proceso. «Detrás de una operación urbanística en suelo no urbanizable hay una estafa, porque se vende como urbano lo que en realidad no lo es», precisaron fuentes judiciales.
De esta forma, el juzgado está haciendo una auténtica labor de rastreo de esos extranjeros para localizarlos. Tras eso, se les toma declaración como testigos y se les permite personarse en el caso. El proceso sumaba hasta esta semana 55 imputados, y numerosos jueces llevan meses inhibiéndose en relación a casos de promociones y casas supuestamente levantadas sobre suelo no urbanizable, con lo que el sumario de Arcos está engordando a pasos agigantados. Pese a todo, las asociaciones de extranjeros afectados por este problema no encuentran entre sus filas, de momento, a los estafados, que en principio tendrían sus papeles en regla.
En este caso, que partió de denuncias anónimas de vecinos, la Guardia Civil cree que hay conexiones entre el alcalde y empresarios inmobiliarios «que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas al margen de la legalidad, y por las que Martín Alba podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio», aclara el Instituto Armado en la denuncia inicial. En este caso, además, se considera que el arquitecto José Mora había montado presuntamente una auténtica maquinaria de informes falsos. «El arquitecto es la persona que, según parece, realiza la mayor parte de los informes utilizados para amparar expedientes de legalización de viviendas en Alcaucín», añaden los agentes. Arcos va, en su mayor parte, de la manipulación de informes y certificados falsos, todo regado presuntamente de los correspondientes pagos.
Debajo del colchón. En el domicilio del regidor se encontraron, incluso, 160.000 euros que Martín Alba tenía bajo el colchón. Éste los justificó asegurando que eran los ahorros de toda la vida. Tanto Mora como el exregidor socialista, ahora independiente, estuvieron en prisión preventiva a principios de 2009. Por eso, su segunda detención ha sorprendido en el seno de esta red de presunta corrupción político-empresarial que arrancó, en total secreto, en septiembre de 2008. De hecho, las segundas detenciones de algunos de los investigados han sentado bastante mal a las defensas.
Los ecologistas sostienen que la localidad, de 2.700 habitantes, es uno de los municipios con mayor ritmo de construcción de viviendas en las últimas décadas. Además, la mitad de las 3.200 casas del pueblo se han edificado en el medio rural en apenas diez años.
En los juicios por delitos urbanísticos, los extranjeros acusados por construir en suelo ilegal, explica un fiscal, suelen alegar que ellos se fiaron del Ayuntamiento y de la inmobiliaria que les vendió el terreno, normalmente asesorada por un abogado. Esa estampa, la de un inglés o un alemán en el banquillo de los acusados, y el argumento de la defensa, asegurando que se fiaron de quien les vendió la casa, han sido lugares comunes en los últimos años, especialmente desde que se aprobó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En cualquier caso, la operación Arcos continúa abierta y ya ha parido un hijo: Tristán, como se denominó al golpe dado esta semana.
Un jurista comentaba esta semana que el verdadero problema de la Axarquía queda retratado visualmente a la perfección cuando uno sobrevuela la comarca en avión: los ecologistas creen que hay más de 20.000 viviendas ilegales desperdigadas en la zona, aunque la Junta, que acaba de aprobar un decreto para legalizarlas a través de un trámite lento y complejo pero seguro, rebaja esa cifra a 13.000 y cree que de su texto normativo podrán beneficiarse en torno a 12.000.
Alcaucín, según un estudio del Gabinete de Estudios de la Naturaleza (Gena) de Ecologistas en Acción, era en 2006 el pueblo con el mayor índice de sostenibilidad de la comarca. Sólo entre 2000 y 2008, la población del municipio aumentó más de un 65%. Ese crecimiento desproporcionado se intentó arreglar recalificando todo el extrarradio –más de 144.000 metros cuadrados–: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero la Junta tumbó la iniciativa.
En el último golpe de la operación, que nace de una pieza separada secreta desde principios de 2011, se ha destapado una trama que se dedicaba a manipular la base de datos del catastro a cambio de comisiones presuntamente ilegales para que parcelas no urbanizables aparecieran reflejadas como edificables. Así, los extranjeros adquirían el suelo pensando que podrían construirse una casa, lo que era incierto. De ahí que, entre los delitos investigado, se haya insertado el de estafa. La tarifa oscilaba entre los 200 y los 300 euros.
Entre los detenidos están el exregidor José Manuel Martín Alba, ya arrestado en febrero de 2009 cuando estalló la primera fase del caso, y el exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputación, José Mora, a quien la juez y la Fiscalía Anticorrupción atribuyen un papel fundamental en este proceso. Hay un abogado y un promotor inmobiliario. El jurista tiene un papel destacado en esta trama, pues por su bufete pasaba buena parte del urbanismo de la localidad, según algunas fuentes.
Estafados no cooperadores. La importancia del segundo golpe policial de Arcos estriba en que a los extranjeros se les estafó, como avanzó este periódico el 28 de enero de 2011, lo que supone una nueva línea de investigación: en Marbella, por ejemplo, los compradores de buena parte de las 18.000 viviendas ilegales no fueron considerados como compradores de buena fe, pero en Alcaucín, la juez de Arcos, Irene Urbón, y la Fiscalía Anticorrupción, consideran que son afectados, estafados, y, por tanto, se les está ofreciendo la posibilidad de ejercer la acusación particular en el proceso. «Detrás de una operación urbanística en suelo no urbanizable hay una estafa, porque se vende como urbano lo que en realidad no lo es», precisaron fuentes judiciales.
De esta forma, el juzgado está haciendo una auténtica labor de rastreo de esos extranjeros para localizarlos. Tras eso, se les toma declaración como testigos y se les permite personarse en el caso. El proceso sumaba hasta esta semana 55 imputados, y numerosos jueces llevan meses inhibiéndose en relación a casos de promociones y casas supuestamente levantadas sobre suelo no urbanizable, con lo que el sumario de Arcos está engordando a pasos agigantados. Pese a todo, las asociaciones de extranjeros afectados por este problema no encuentran entre sus filas, de momento, a los estafados, que en principio tendrían sus papeles en regla.
En este caso, que partió de denuncias anónimas de vecinos, la Guardia Civil cree que hay conexiones entre el alcalde y empresarios inmobiliarios «que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas al margen de la legalidad, y por las que Martín Alba podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio», aclara el Instituto Armado en la denuncia inicial. En este caso, además, se considera que el arquitecto José Mora había montado presuntamente una auténtica maquinaria de informes falsos. «El arquitecto es la persona que, según parece, realiza la mayor parte de los informes utilizados para amparar expedientes de legalización de viviendas en Alcaucín», añaden los agentes. Arcos va, en su mayor parte, de la manipulación de informes y certificados falsos, todo regado presuntamente de los correspondientes pagos.
Debajo del colchón. En el domicilio del regidor se encontraron, incluso, 160.000 euros que Martín Alba tenía bajo el colchón. Éste los justificó asegurando que eran los ahorros de toda la vida. Tanto Mora como el exregidor socialista, ahora independiente, estuvieron en prisión preventiva a principios de 2009. Por eso, su segunda detención ha sorprendido en el seno de esta red de presunta corrupción político-empresarial que arrancó, en total secreto, en septiembre de 2008. De hecho, las segundas detenciones de algunos de los investigados han sentado bastante mal a las defensas.
Los ecologistas sostienen que la localidad, de 2.700 habitantes, es uno de los municipios con mayor ritmo de construcción de viviendas en las últimas décadas. Además, la mitad de las 3.200 casas del pueblo se han edificado en el medio rural en apenas diez años.
En los juicios por delitos urbanísticos, los extranjeros acusados por construir en suelo ilegal, explica un fiscal, suelen alegar que ellos se fiaron del Ayuntamiento y de la inmobiliaria que les vendió el terreno, normalmente asesorada por un abogado. Esa estampa, la de un inglés o un alemán en el banquillo de los acusados, y el argumento de la defensa, asegurando que se fiaron de quien les vendió la casa, han sido lugares comunes en los últimos años, especialmente desde que se aprobó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En cualquier caso, la operación Arcos continúa abierta y ya ha parido un hijo: Tristán, como se denominó al golpe dado esta semana.
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