Jose Manuel Martín Alba y José Francisco Mora prestaron declaración en los juzgados de Vélez
Martín Alba a la salida de los juzgados. Juanjo Zayas
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JUANJO ZAYAS El exalcalde socialista de Alcaucín y ahora concejal en el mismo municipio por el Partido Independiente Sierra Tejeda Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y el ex jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, quedaron ayer en libertad sin fianza tras prestar declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga.
Ambos fueron citados por la juez Irene Urbón, que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el pueblo alcaucineño, en el marco de una pieza separada del caso Arcos, que se saldó con sendas detenciones cuando saltó el escándalo en febrero del año 2009.
Tanto Martín Alba como Mora mantienen la imputación de los cargos de hace tres años: prevaricación urbanística, cohecho y falsedad en documento público. El pasado martes fueron detenidos, junto con otras seis personas más, tras producirse registros en la Gerencia Territorial del Catastro y el Patronato de Recaudación en Málaga dentro de la denominada operación Tristán.
En ella se investiga que la trama modificaba fraudulentamente el catastro a cambio de comisiones ilegales para hacer creer a los interesados en comprar suelo, sobre todo residentes extranjeros, que podían construir legalmente cuando en realidad eran parcelas no urbanizables.
Los detenidos fueron trasladados a la sede judicial de Vélez Málaga a las 7.45 horas de ayer, justo antes de que se agotaran las 72 horas de arresto máximo permitido. El primero en salir de los juzgados, a las diez y media de la mañana, fue el exregidor alcaucineño, tras prestar declaración durante cerca de media hora, según comentó Martín Alba.
A preguntas de los periodistas, el concejal aseguró estar «súper tranquilo» y que sale «con los mismos cargos que tenía antes, ya que no hay nada nuevo, aunque ellos insisten en que sí». Además, en referencia al catastro, señaló: «Lo único que hemos hecho desde el Ayuntamiento ha sido informar siempre conforme a los datos obrantes».
«No es la preocupación que sufre uno, sino que es más bien por la familia ya que no hay derecho a que te peguen en la puerta de tu casa a primeras horas de la mañana», relató Martín en referencia a la manera en que fue detenido el pasado martes en su domicilio.
El exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga salió a la una menos diez de la tarde, tras prestar declaración durante cerca de una hora. Su abogado, José Carlos Aguilera, informó de que «no hay nuevos cargos» y que «todo gira en torno a las certificaciones que emitía como arquitecto, pero nada novedoso».
Aguilera resaltó que la detención de su cliente fue «innecesaria» y que la investigación en torno a este caso «podría haberse producido de igual forma pero evitando este episodio de las detenciones. Fue ilegalmente detenido al haberse realizado sin cobertura jurídica», explicó el letrado, criticando además el tiempo «excesivo» del arresto.
De hecho, anteayer la defensa presentó un habeas corpus para que su cliente fuera puesto en libertad, al considerar que la detención de José Mora fue «desproporcionada y se viene sacrificando su libertad cuando está más que asegurada su disponibilidad para comparecer ante el órgano judicial cuando sea requerido» añadió el abogado.
Ambos fueron citados por la juez Irene Urbón, que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el pueblo alcaucineño, en el marco de una pieza separada del caso Arcos, que se saldó con sendas detenciones cuando saltó el escándalo en febrero del año 2009.
Tanto Martín Alba como Mora mantienen la imputación de los cargos de hace tres años: prevaricación urbanística, cohecho y falsedad en documento público. El pasado martes fueron detenidos, junto con otras seis personas más, tras producirse registros en la Gerencia Territorial del Catastro y el Patronato de Recaudación en Málaga dentro de la denominada operación Tristán.
En ella se investiga que la trama modificaba fraudulentamente el catastro a cambio de comisiones ilegales para hacer creer a los interesados en comprar suelo, sobre todo residentes extranjeros, que podían construir legalmente cuando en realidad eran parcelas no urbanizables.
Los detenidos fueron trasladados a la sede judicial de Vélez Málaga a las 7.45 horas de ayer, justo antes de que se agotaran las 72 horas de arresto máximo permitido. El primero en salir de los juzgados, a las diez y media de la mañana, fue el exregidor alcaucineño, tras prestar declaración durante cerca de media hora, según comentó Martín Alba.
A preguntas de los periodistas, el concejal aseguró estar «súper tranquilo» y que sale «con los mismos cargos que tenía antes, ya que no hay nada nuevo, aunque ellos insisten en que sí». Además, en referencia al catastro, señaló: «Lo único que hemos hecho desde el Ayuntamiento ha sido informar siempre conforme a los datos obrantes».
«No es la preocupación que sufre uno, sino que es más bien por la familia ya que no hay derecho a que te peguen en la puerta de tu casa a primeras horas de la mañana», relató Martín en referencia a la manera en que fue detenido el pasado martes en su domicilio.
El exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga salió a la una menos diez de la tarde, tras prestar declaración durante cerca de una hora. Su abogado, José Carlos Aguilera, informó de que «no hay nuevos cargos» y que «todo gira en torno a las certificaciones que emitía como arquitecto, pero nada novedoso».
Aguilera resaltó que la detención de su cliente fue «innecesaria» y que la investigación en torno a este caso «podría haberse producido de igual forma pero evitando este episodio de las detenciones. Fue ilegalmente detenido al haberse realizado sin cobertura jurídica», explicó el letrado, criticando además el tiempo «excesivo» del arresto.
De hecho, anteayer la defensa presentó un habeas corpus para que su cliente fuera puesto en libertad, al considerar que la detención de José Mora fue «desproporcionada y se viene sacrificando su libertad cuando está más que asegurada su disponibilidad para comparecer ante el órgano judicial cuando sea requerido» añadió el abogado.
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