La Junta publica en el BOJA, tras varios meses de espera, la ordenación final de los antiguos suelos de Repsol · El sector acogerá cuatro torres, una de ellas de 126 metros
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 21.03.2012 - 01:00
El Ayuntamiento de Málaga recibe un leve y ligero soplo de aire. Afectados de lleno por la crisis inmobiliaria, que le está impidiendo disponer en los plazos previstos los cuantiosos convenios urbanísticos firmados con promotoras en la época de bonanza económica, los responsables municipales tienen ahora la posibilidad de emplear algo más de 12 millones de euros ingresados en la caja de la Casona del Parque pero intocables hasta la entrada en vigor de la autorización de la Junta de Andalucía sobre la nueva ordenación del los antiguos suelos de Repsol. Trámite que vio ayer la luz con la publicación de la aprobación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La determinación fue bienvenida por la Gerencia de Urbanismo, que llevaba meses esperando el paso definitivo por parte del Gobierno autonómico. Cabe destacar que estos 12,3 millones de euros (a sumar a otros 11,5 millones del acuerdo de Martiricos) es lo único que el Consistorio va a cobrar en metálico del convenio suscrito a mediados de 2006 con la entonces propietaria de los terrenos de Repsol, Comarex, y que incluía una contraprestación en favor de la ciudad de 82 millones. Sin embargo, de esa cuantía sólo 12,3 se han manterializado, mientras que los 70 millones restantes serán pagados en suelo por la actual responsable del proyecto.
El delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, mostró su satisfacción por el paso dado y admitió que ello va a permitir al equipo de gobierno emplear el dinero para los fines previstos.
El documento de ordenación mantiene intactas las previsiones ya incorporadas al nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad. Destaca el mantenimiento de cuatro grandes torres de uso residencial y terciario cuyas alturas no podrán exceder de 105 metros (29 plantas), 112 metros (31 plantas), 119 metros (33 plantas) y 126 metros (35 plantas). Estas edificaciones darán cabida a un máximo de 932 viviendas libres, así como a un techo de uso terciario (comercial, hotelero, oficinas...) de 44.387 metros, si bien parte de esta extensión se podrá asentar sobre un zócalo gigante, de hasta cuatro alturas, sobre el que se levantarán los bloques de pisos.
El sector incluye otras cuatro edificaciones, dos de ellas de 54 metros (12 plantas) y otras dos de 60 metros (14 plantas) para las 399 viviendas de protección oficial (VPO) exigidas en la zona. Y en la parte norte de la parcela se dispondrá de un techo de casi 8.000 metros cuadrados para equipamiento de interés público o social, con edificaciones que no podrán superar las siete plantas.
Todo ello complementado con un gran parque urbano, que contará con zonas de microcarácter con el ánimo de proporcionar espacios para múltiples actividades, como zonas de agua, mercadillo, paseos, vegetación, auditorios, parques infantiles...
Asimismo, se exige la ejecución de un aparcamiento subterráneo de al menos 888 plazas de uso y servicio público; la reserva de 312 plazas en superficie y de 594 plazas más bajo la rasante. A ello se suma la necesidad de responder a la obligación de cumplir con el mínimo de 3.500 plazas de propiedad privada correspondientes a los usos de vivienda libre, VPO y servicios terciarios.
La determinación fue bienvenida por la Gerencia de Urbanismo, que llevaba meses esperando el paso definitivo por parte del Gobierno autonómico. Cabe destacar que estos 12,3 millones de euros (a sumar a otros 11,5 millones del acuerdo de Martiricos) es lo único que el Consistorio va a cobrar en metálico del convenio suscrito a mediados de 2006 con la entonces propietaria de los terrenos de Repsol, Comarex, y que incluía una contraprestación en favor de la ciudad de 82 millones. Sin embargo, de esa cuantía sólo 12,3 se han manterializado, mientras que los 70 millones restantes serán pagados en suelo por la actual responsable del proyecto.
El delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, mostró su satisfacción por el paso dado y admitió que ello va a permitir al equipo de gobierno emplear el dinero para los fines previstos.
El documento de ordenación mantiene intactas las previsiones ya incorporadas al nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad. Destaca el mantenimiento de cuatro grandes torres de uso residencial y terciario cuyas alturas no podrán exceder de 105 metros (29 plantas), 112 metros (31 plantas), 119 metros (33 plantas) y 126 metros (35 plantas). Estas edificaciones darán cabida a un máximo de 932 viviendas libres, así como a un techo de uso terciario (comercial, hotelero, oficinas...) de 44.387 metros, si bien parte de esta extensión se podrá asentar sobre un zócalo gigante, de hasta cuatro alturas, sobre el que se levantarán los bloques de pisos.
El sector incluye otras cuatro edificaciones, dos de ellas de 54 metros (12 plantas) y otras dos de 60 metros (14 plantas) para las 399 viviendas de protección oficial (VPO) exigidas en la zona. Y en la parte norte de la parcela se dispondrá de un techo de casi 8.000 metros cuadrados para equipamiento de interés público o social, con edificaciones que no podrán superar las siete plantas.
Todo ello complementado con un gran parque urbano, que contará con zonas de microcarácter con el ánimo de proporcionar espacios para múltiples actividades, como zonas de agua, mercadillo, paseos, vegetación, auditorios, parques infantiles...
Asimismo, se exige la ejecución de un aparcamiento subterráneo de al menos 888 plazas de uso y servicio público; la reserva de 312 plazas en superficie y de 594 plazas más bajo la rasante. A ello se suma la necesidad de responder a la obligación de cumplir con el mínimo de 3.500 plazas de propiedad privada correspondientes a los usos de vivienda libre, VPO y servicios terciarios.
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