Los propietarios de algunas fincas llaman a las puertas de Urbanismo para reclamar que se les abone lo pendiente
Las estrecheces presupuestarias ya no solo hacen mella en las inversiones públicas que se retrasan o no se ponen en marcha, sino también en las obligaciones de las administraciones con los particulares a los que debe entregar dinero por diversos motivos, uno de ellos es el caso de las expropiaciones. Así sucede con las fincas del Centro Histórico de la capital para las que, en agosto del año 2005,el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía sellaron un pacto de adquisición con el fin de construir en ellas viviendas protegidas, de las que una parte serían las llamadas 'tecnocasas', en alquiler y con un espacio vinculado para el trabajo.
Desde ese fecha, muchas han sido las vicisitudes burocráticas por las que ha pasado el proyecto, hasta el punto de que, a día de hoy, todavía no se ha puesto un solo ladrillo de las pretendidas viviendas públicas para regenerar algunas de las zonas más degradadas del casco antiguo. Con una gran lentitud, ambas administraciones han ido avanzando en el asunto de las expropiaciones, que se han desarrollado con una clara delimitación de competencias: el Ayuntamiento las tramita a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Junta las abona desde la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
Falta de liquidez
Así se ha venido haciendo hasta que ha llegado el momento en el que el procedimiento se ha encontrado con falta de liquidez en el organismo autonómico. Así lo reconoció a este periódico su gerente en funciones en Málaga, Juan Alcaraz, quien señaló que «no hay dinero para todos los expedientes expropiatorios que están pendientes de pago». Alcaraz argumentó que se trata de procedimientos que, pese a que están pendientes desde 2005, no se iniciaron en realidad hasta principios del año 2010, cuando se cerró el acuerdo con el Ayuntamiento sobre qué parcelas iban a ser compradas finalmente. «Eso ha hecho que se nos acumule en este momento una cantidad fuerte de expedientes a los que esperamos poder ir dando salida a medida que avance el año. No obstante, no sé si todos están en la situación de tener que abonarlos ya», dijo.
Uno de los que sí parece estar en esa situación será abordado en el consejo de la Gerencia de Urbanismo que se celebra mañana. Hace referencia casualmente a una parcela propiedad de la familia del alcalde, Francisco de la Torre, que se encuentra en la tesitura de que aceptó la valoración de la finca el 17 de noviembre de 2009 por un importe total de 183.733,70 euros y, sin embargo, tras reclamar el pago ante el Consistorio, éste ha tenido que desestimar su solicitud con el argumento de que la Junta no le ofrece contestación alguna al respecto tras habersela requerido los técnicos municipales.
Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que hay más casos de fincas en esta misma situación, es decir, que no están pendiente de trámite judicial alguno o recurso para percibir el dinero que les corresponde y que aceptaron en su momento, lo que se les premia con un 10% más respecto a la cifra inicial de valoración de su propiedad. Otras fuentes apuntaron que el Gobierno andaluz ha venido haciendo frente a los pagos que se le han venido demandando desde el Ayuntamiento hasta que ha llegado un momento de mayor dificultad presupuestaria que confían en poder salvar a lo largo de este año. Además, significaron que el cambio de gobierno en Andalucía ha complicado la situación.
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