Considera que desatendió unas quince órdenes del Ayuntamiento de Málaga para parar las obras
Demolición de los edificios ilegales en diciembre de 2010. Arciniega
EFE La Fiscalía malagueña ha solicitado un total de dos años y medio de cárcel para el promotor del Centro Hispano Ruso en Málaga por un delito continuado y permanente contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia.
El fiscal considera que el promotor, V. D. B., desatendió unas quince órdenes del Ayuntamiento de Málaga entre 1998 y 2010 para que parara las obras que estaba realizando en los Pinares de San Antón y demoliera lo construido en suelo no urbanizable.
En un primer momento, el constructor iba a promover un Centro Hispano Ruso, pero construyó un complejo residencial en un paraje protegido de los montes de Málaga de más de tres mil metros cuadrados.
En el 2002, el promotor consiguió un permiso de la Gerencia de Urbanismo para añadir a la vivienda un garaje, piscina, vestuario y pista de tenis, pero el acusado supuestamente utilizó dicha licencia para ampliar el complejo más de lo permitido.
Además, tras un estudio del servicio de topografía, se observó que las obras se estaban ejecutando casi en su totalidad en suelo no urbanizable. Pese a múltiples requerimientos y ordenes de demolición del exceso de edificación, el empresario hizo caso omiso.
En mayo del 2008, la policía comprobó que la construcción tenía dos cuerpos, uno bajo la rasante de los aparcamientos del conjunto, con una cafetería con cocina, seis apartamentos, lavandería y terraza comedor.
El otro cuerpo de vivienda estaba adosado al anterior y tenía cuatro apartamentos dúplex, varios apartamentos más pequeños, así como un gimnasio, una sauna, salón de belleza y sala de masaje. El empresario trató de hacer pasar parte de su proyecto como actuación agrícola, pero se le denegó el permiso «por no acreditar esa condición».
Entre diciembre del 2010 y enero del 2011, el acusado ha procedido a la demolición parcial de las construcciones ilegales, por lo que el fiscal estima un atenuante de reparación del daño. La fiscalía malagueña pide que se le condene a dieciocho meses de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de treinta euros e inhabilitación para cualquier oficio relacionado con la construcción.
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