La ley aprobada ayer prevé fondos para cubrir todo tipo de pérdidas, y exenciones de impuestos para los damnificados
Los afectados por el incendio en la Costa tendrán, como novedad, dos meses para solicitar las subvenciones. :: SALVADOR SALAS
Tras una semana de especulaciones, el consejo de ministros aprobó finalmente ayer un real decreto Ley, a propuesta conjunta de varios ministerios, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños sufridos a las personas y los bienes afectados por los incendios forestales que se han producido durante los meses de junio, julio y agosto en varias provincias, entre ellas Málaga. El Gobierno anunció que ha flexibilizado los requisitos para acceder al plan, de manera que, entre otras disposiciones, se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar las solicitudes; y se reduce de seis a tres meses el periodo que habrá que esperar para resolver el procedimiento para su concesión.
La máxima cuantía se ha establecido para los casos de fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros), de los que en Málaga se darán previsiblemente tres casos (los del ciudadano alemán que perdió la vida y otros dos heridos muy graves). Por destrucción total de la vivienda habitual se contempla un máximo de 15.120 euros. Por destrucción o daños en enseres será de 2.580 euros. Los establecimientos industriales, mercantiles, agrarios o de servicios afectados podrán recibir hasta 8.000 euros. También se concederán subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las Diputaciones provinciales, de hasta el 50% de su coste.
Medidas fiscales y laborales
Por otra parte, los damnificados estarán exentos en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2012. Se podrán acoger las viviendas, naves y comercios que hayan sido dañados. En esta misma línea se llevará a cabo una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Además, estarán exentas las tasas de la Jefatura de Tráfico en la tramitación de las bajas de vehículos siniestrados, y en la expedición de duplicados de permisos de circulación destruidos o extraviados.
Dentro de las medidas de carácter laboral se contempla, entre otras, la exoneración al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión de la actividad. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial. Asimismo, habrá medidas especiales en cuanto al pago de prestaciones por desempleo y reducciones fiscales para las actividades agrarias.
Las actuaciones de restauración forestal y medioambiental se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, a los créditos que habilite el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y mediante consignación en los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, los particulares tendrán acceso a ayudas para la repoblación, regeneración y restauración forestal de los terrenos incendiados, financiadas al 50% por la Junta de Andalucía.
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