Casi ocho años después de que se impulsase el plan de rehabilitación de los arrabales no hay una sola vivienda social en pie Fomento anula el acuerdo por ser inviable su desarrollo
S. SÁNCHEZ MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.04.2013 - 01:00
La decisión de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, ahora en manos de IU, de enterrar definitivamente el que fuera proyecto estrella de esta misma administración, el plan de las tecnocasas, no hace otra cosa que constar el fracaso de una iniciativa cuyas bases se pusieron en el verano de 2005. Casi cien millones de euros de inversión llegó a prometer la entonces consejera de Obras Públicas Concepción Gutiérrez para transformar la zona de los arrabales del centro histórico, no sólo en lo físico, con la ejecución de varios cientos de viviendas sociales y equipamientos, sino también desde un punto de vista simbólico.
Porque el acuerdo que rubricaron el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de la ciudad perseguía extender a las 40 hectáreas delimitadas el modelo del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y qué mejor manera de hacerlo que permitiendo que fuesen jóvenes profesionales los que ocupasen, con alquileres económicos, los pisos a ejecutar en este ámbito geográfico. Lugar de residencia y trabajo en un mismo espacio.
Pero para plasmar en hormigón y cemento los principios sobre los que se impulsó la intervención, a la que dio forma el arquitecto Salvador Moreno Peralta, eran necesarios suelos sobre los que edificar. Y es a partir de esta premisa cuando las buenas palabras de unos y de otros acabaron provocando que un proyecto ilusionante se eternizase sine die y se de ya por difunto. De un lado, porque el procedimiento de enajenación al que se comprometió la parte municipal se alargó mucho más de lo esperado, y, de otro, porque lo que se presumía era una prioridad para la Administración regional no tenía consonancia en los presupuestos de cada año.
Casi ocho años después de que se pusiese negro sobre blanco el pacto, no hay una sola vivienda de protección oficial, sea o no tecnocasa, levantada sobre la zona delimitada, ni un equipamiento para dar cobijo a la escuela de Bellas Artes o al centro de idiomas para extranjeros, usos que se llegaron a contemplarse en los orígenes de la iniciativa.
Esta demora sin fin ha acabado por concluir con la llegada de IU al Gobierno andaluz, aunque con un final inesperado. La coalición de izquierdas, tras tomar mando en plaza y conocer en detalle el contenido del plan, da un giro de tuerca determinante, al punto de borrarlo de un plumazo. Casi al tiempo que el equipo de gobierno del PP le insta a que pague los algo más de 7 millones de euros que le quedan por abonar en concepto de expropiaciones (ya fueron pagados otros 8 millones), la Administración regional anuncia su intención de denunciar el acuerdo y revisarlo por completo.
Los argumentos ya expuestos públicamente por los responsables autonómicos apuntan la inviabilidad económica de construir viviendas sociales sobre terrenos que fueron comprados a precio de renta libre, con la consiguiente repercusión negativa sobre las arcas regionales. Para sustentar esta decisión, según pudo saber este periódico de fuentes próximas al proyecto, aluden a que parte de las cláusulas fijadas en el convenio han sido incumplidas. Si la repercusión media de la compra de un solar para VPO ronda los 140 euros el metro cuadrado, en las enajenaciones de la capital la cuantía se ha disparado hasta los 600 euros, aproximadamente.
De acuerdo con las fuentes, eso ocurre porque la ejecución de viviendas protegidas se vinculó a un sistema de obtención inadecuado. A ello se suma, según lo expuesto días atrás por la Junta, la imposibilidad de actuar sobre varias decenas de parcelas cuyas enajenaciones ya fueron pagadas (hay algunas aún pendientes de abono) pero a las que el Plan General de Ordenación Urbanística rebaja sensiblemente su edificabilidad o, directamente, las reserva como zona verde o viario.
Muestra de ello es lo ocurrido en Nuño Gómez, una unidad integrada por cuatro fincas (tres de ellas obtenidas por expropiación y una por permuta), que formaba parte de un conjunto mayor de parcelas. En este punto el problema lo presenta que fueron excluidas varias parcelas por petición del Ayuntamiento, que las reclamó para la casa museo de Cánovas del Castillo.
En la calle Grama se delimitó otra unidad de actuación para la implantación de equipamientos, entre los que estaba el Instituto de Educación Secundaria Gaona, posibilitando de ese modo el traslado de la escuela de Bellas Artes al centro educativo. Sin embargo, la intervención se vio alterada por la paralización del proyecto de Bellas Artes y porque el Ayuntamiento implantó una escuela taller en Cofarán, que forma parte de la unidad. A ello se suma que una de las tres fincas tiene aún en su interior inquilinos a los que ha de valorarse su indemnización.
Una circunstancia que entra en conflicto con el convenio base, puesto que en el mismo se establecía que la cesión de los suelos para usos dotacionles sería "gratuita", lo que no ocurre en estos casos. En la calle Ermitaño, donde se pretendía desarrollar una promoción de VPO, se decidió extraer una de las parcelas, con lo que la operación, a juicio de los técnicos autonómicos, deja de ser "rentable". Otro ejemplo, es lo ocurrido con el corralón situado en Rosal Blanco, incluida en una rerserva planteada para la Escuela de Idiomas para Extranjeros. El problema se produce cuando el Ayuntamiento optó por incrementar el grado de protección de la edificación, obligando a su rehabilitación y encareciendo la operación. En calle Postigos, son extraidos del acuerdo seis de las siete fincas inicialmente previatas para otra promoción.
Por todo ello, la Consejería de Fomento plantea al Consistorio una revisión en profundidad de lo acordado en 2005, marcando su deseo de que parte de las expropiaciones de suelo sean pagadas por el Ayuntamiento. Grosso modo, según pudo saber este periódico, si la reclamación que se hace a la Junta por enajenaciones impagadas es de unos 7 millones, en el seno del departamento dirigido por Elena Cortés se rebaja la cifra a unos 2 millones. El desacuerdo entre las partes es evidente y, todo apunta, a que tendrán que ser los tribunales los que acaben tomando partido. Hasta ese momento, lo único cierto es que el fracaso del plan de las tecnocasases tan mayúsculo como las esperanzas que muchos pusieron en su desarrollo.
Porque el acuerdo que rubricaron el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de la ciudad perseguía extender a las 40 hectáreas delimitadas el modelo del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y qué mejor manera de hacerlo que permitiendo que fuesen jóvenes profesionales los que ocupasen, con alquileres económicos, los pisos a ejecutar en este ámbito geográfico. Lugar de residencia y trabajo en un mismo espacio.
Pero para plasmar en hormigón y cemento los principios sobre los que se impulsó la intervención, a la que dio forma el arquitecto Salvador Moreno Peralta, eran necesarios suelos sobre los que edificar. Y es a partir de esta premisa cuando las buenas palabras de unos y de otros acabaron provocando que un proyecto ilusionante se eternizase sine die y se de ya por difunto. De un lado, porque el procedimiento de enajenación al que se comprometió la parte municipal se alargó mucho más de lo esperado, y, de otro, porque lo que se presumía era una prioridad para la Administración regional no tenía consonancia en los presupuestos de cada año.
Casi ocho años después de que se pusiese negro sobre blanco el pacto, no hay una sola vivienda de protección oficial, sea o no tecnocasa, levantada sobre la zona delimitada, ni un equipamiento para dar cobijo a la escuela de Bellas Artes o al centro de idiomas para extranjeros, usos que se llegaron a contemplarse en los orígenes de la iniciativa.
Esta demora sin fin ha acabado por concluir con la llegada de IU al Gobierno andaluz, aunque con un final inesperado. La coalición de izquierdas, tras tomar mando en plaza y conocer en detalle el contenido del plan, da un giro de tuerca determinante, al punto de borrarlo de un plumazo. Casi al tiempo que el equipo de gobierno del PP le insta a que pague los algo más de 7 millones de euros que le quedan por abonar en concepto de expropiaciones (ya fueron pagados otros 8 millones), la Administración regional anuncia su intención de denunciar el acuerdo y revisarlo por completo.
Los argumentos ya expuestos públicamente por los responsables autonómicos apuntan la inviabilidad económica de construir viviendas sociales sobre terrenos que fueron comprados a precio de renta libre, con la consiguiente repercusión negativa sobre las arcas regionales. Para sustentar esta decisión, según pudo saber este periódico de fuentes próximas al proyecto, aluden a que parte de las cláusulas fijadas en el convenio han sido incumplidas. Si la repercusión media de la compra de un solar para VPO ronda los 140 euros el metro cuadrado, en las enajenaciones de la capital la cuantía se ha disparado hasta los 600 euros, aproximadamente.
De acuerdo con las fuentes, eso ocurre porque la ejecución de viviendas protegidas se vinculó a un sistema de obtención inadecuado. A ello se suma, según lo expuesto días atrás por la Junta, la imposibilidad de actuar sobre varias decenas de parcelas cuyas enajenaciones ya fueron pagadas (hay algunas aún pendientes de abono) pero a las que el Plan General de Ordenación Urbanística rebaja sensiblemente su edificabilidad o, directamente, las reserva como zona verde o viario.
Muestra de ello es lo ocurrido en Nuño Gómez, una unidad integrada por cuatro fincas (tres de ellas obtenidas por expropiación y una por permuta), que formaba parte de un conjunto mayor de parcelas. En este punto el problema lo presenta que fueron excluidas varias parcelas por petición del Ayuntamiento, que las reclamó para la casa museo de Cánovas del Castillo.
En la calle Grama se delimitó otra unidad de actuación para la implantación de equipamientos, entre los que estaba el Instituto de Educación Secundaria Gaona, posibilitando de ese modo el traslado de la escuela de Bellas Artes al centro educativo. Sin embargo, la intervención se vio alterada por la paralización del proyecto de Bellas Artes y porque el Ayuntamiento implantó una escuela taller en Cofarán, que forma parte de la unidad. A ello se suma que una de las tres fincas tiene aún en su interior inquilinos a los que ha de valorarse su indemnización.
Una circunstancia que entra en conflicto con el convenio base, puesto que en el mismo se establecía que la cesión de los suelos para usos dotacionles sería "gratuita", lo que no ocurre en estos casos. En la calle Ermitaño, donde se pretendía desarrollar una promoción de VPO, se decidió extraer una de las parcelas, con lo que la operación, a juicio de los técnicos autonómicos, deja de ser "rentable". Otro ejemplo, es lo ocurrido con el corralón situado en Rosal Blanco, incluida en una rerserva planteada para la Escuela de Idiomas para Extranjeros. El problema se produce cuando el Ayuntamiento optó por incrementar el grado de protección de la edificación, obligando a su rehabilitación y encareciendo la operación. En calle Postigos, son extraidos del acuerdo seis de las siete fincas inicialmente previatas para otra promoción.
Por todo ello, la Consejería de Fomento plantea al Consistorio una revisión en profundidad de lo acordado en 2005, marcando su deseo de que parte de las expropiaciones de suelo sean pagadas por el Ayuntamiento. Grosso modo, según pudo saber este periódico, si la reclamación que se hace a la Junta por enajenaciones impagadas es de unos 7 millones, en el seno del departamento dirigido por Elena Cortés se rebaja la cifra a unos 2 millones. El desacuerdo entre las partes es evidente y, todo apunta, a que tendrán que ser los tribunales los que acaben tomando partido. Hasta ese momento, lo único cierto es que el fracaso del plan de las tecnocasases tan mayúsculo como las esperanzas que muchos pusieron en su desarrollo.
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