Los más de cinco mil acreedores de Aifos no sabrán hasta 2014 si recuperarán su dinero (SUR)

La mayor suspensión de pagos de Andalucía cumple cuatro años con una deuda que, pese a los acuerdos alcanzados con varios bancos, aún supera los 500 millones

01.09.13 - 01:27 -

FRANCISCO JIMÉNEZ | MÁLAGA

Llevan más de cuatro años con la incertidumbre y, por lo pronto, así van a seguir al menos hasta comienzos de 2014. Los más de cinco mil afectados (entre compradores de viviendas que nunca se entregaron, trabajadores, proveedores, bancos e incluso Hacienda y la Seguridad Social) que Aifos dejó en la cuneta cuando el 22 de julio de 2009 se declaró en concurso voluntario de acreedores empiezan a ver el final de una larga espera, aunque sin demasiadas esperanzas de recuperar todo el dinero que la promotora les adeuda después de protagonizar la mayor suspensión de pagos de Andalucía. El montante se cifró inicialmente en 900 millones, aunque la empresa asegura haberlo rebajado a unos 500 tras cerrar varios acuerdos con entidades financieras (mediante dación en pago) y terminar algunas promociones que se quedaron a medias. A falta del recuento definitivo, la única certeza cuatro años después es que el proceso concursal continúa atascado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, uno de los más saturados del país con más de medio millar de suspensiones de pagos a sus espaldas y que, precisamente ahora, acaba de quedarse sin los refuerzos de personal que tenía asignados por el Ministerio de Justicia.

Todo ello, con la complejidad añadida que aportan otros procesos judiciales paralelos como el intento de la sociedad de recusar a los tres administradores concursales por supuestamente obstaculizar la posible viabilidad de la sociedad; la denuncia de un acreedor que acusa al dueño de Aifos, Jesús Ruiz Casado, de descapitalizar el grupo antes del concurso para no tener que pagar las deudas; y el 'caso Malaya', cuya sentencia se conocerá en septiembre y en el que varios directivos de la compañía, incluido el propio Ruiz Casado, están acusados de supuestos pagos al presunto cerebro de la trama (el exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca) a cambio de favores.

Cerca de 800 alegaciones

Al Juzgado de lo Mercantil aún le quedan por resolver medio centenar de las cerca de 800 incidencias presentadas por acreedores y la propia promotora contra el informe provisional que elaboraron los administradores concursales en febrero de 2010, por lo que si todo marcha según lo previsto, antes de que acabe el año podrían estar solventadas todas las alegaciones, poniendo fin a la fase común del concurso.

A partir de ahí, todo se agilizaría ya que la legislación vigente concede a los administradores un plazo de dos meses para presentar una radiografía exacta de la situación del que llegó a ser el primer grupo inmobiliario de la provincia. Un documento en el que figurará un inventario definitivo del patrimonio y las deudas de la entidad, así como el listado depurado de acreedores. Según el informe provisional, de 2.211 páginas, se contabilizaban 6.234 afectados y un débito por valor de 884.148,82 euros, excluidas las cantidades entregadas a cuenta por el millar de compradores de viviendas que se han personado en el proceso para tratar de recuperar su dinero.

Una vez analizado el alcance exacto del concurso, se abriría un periodo de 40 días para que la empresa o los acreedores presenten una propuesta de convenio que satisfaga a ambas partes y garantice la viabilidad de la compañía. Si no se diera el caso, Aifos tendría que ser liquidada, de forma que el dinero que se obtuviera por la venta de todos sus bienes se destinaría a saldar la deuda con los acreedores, que irían cobrando en orden de prioridad hasta agotarse el último céntimo. En ese 'ranking', los peor parados serían quienes compraron una vivienda sobre plano, ya que tendrían por delante a las entidades financieras (que acumulan la mayor parte del débito), Hacienda, Seguridad Social, comunidades de propietarios y trabajadores.

Todo este proceso podría paralizarse si, como intentan los directivos de Aifos, se alcanzara un acuerdo previo en el que los acreedores renunciaran a buena parte de su dinero, una vía que se antoja complicada dado que se requiere un mínimo del 50% de adhesiones. En el caso del millar de compradores de viviendas y de los centenares de empresas proveedoras, la oferta que la entidad ha puesto sobre la mesa consiste en que sólo recibirían el 45% de su dinero, que además empezarían a cobrar dentro de una década en seis pagos anuales. Por su parte, a los empleados se les propone el cobro íntegro a partir del sexto año de vigencia del convenio. Además, dado que la finalidad de la legislación vigente es llegar a un acuerdo, también se contempla cualquier otra alternativa que permita satisfacer a todas las partes, como la conversión del crédito en acciones de la compañía. En cualquier caso, debe ser un juez el que le dé el visto bueno al convenio.