Tras el último Plan de Pago a Proveedores, el sector pelea ahora en los tribunales por débitos pendientes, sobre todo de la Junta de Andalucía
José Vicente Rodríguez 04.07.2014 | 01:12
El problema de la morosidad de las administraciones públicas con los empresarios persiste pese a los sucesivos planes de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno. Los constructores y promotores malagueños anunciaron ayer que siguen reclamando una deuda que asciende a más de 310 millones de euros por trabajos realizados en su día a la Administración y que todavía no han sido abonados.
Este importe corresponde sobre todo a obras y servicios de la Junta de Andalucía y no pudo ser incluida en el último Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno por tratarse en su mayoría de deuda «judicializada», es decir, que estaba ya en fase de reclamación judicial cuando se aprobó esta iniciativa. Serán los tribunales en cada caso los que decidan si corresponde la devolución de los importes reclamados, explicaron desde la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).
Hasta la aprobación del último Plan de Pago a Proveedores, el sector constructor cifraba la deuda de las administraciones en unos 165 millones de euros, aunque sin incluir en esta cifra lo que estaba judicializado. Por eso, una vez acabado este último plan, los constructores han hecho esta nueva estimación sumando el remanente que haya podido quedar pendiente y, además, la parte que sigue reclamada por vía judicial.
El presidente del grupo de contratistas, Emilio López, apuntó que los ayuntamientos se están esforzando en pagar sus trabajos en el plazo de 30 días que marca la Ley de Morosidad, pero dijo que la Junta de Andalucía, en cambio, es «un desastre» en sus pagos, sin que los empresarios conozcan los plazos en que se les va a pagar ni reciban contestación a sus demandas de información.
La ACP señaló que el Gobierno andaluz lleva sin abonar prácticamente ninguno de sus trabajos desde mayo de 2013, precisamente la fecha límite que cubrió el último Plan de Pago a Proveedores. La Junta también debe en toda Andalucía casi 42 millones de euros correspondientes al Plan de Vivienda 2008-2012.
Los constructores señalaron que el impago de las administraciones ha sido durante estos años una de las principales causas de desaparición de empresas en el sector, abocadas por las deudas a entrar en concurso de acreedores. López recordó que en el año 2007 había más de 17.500 firmas de la construcción en Málaga, una cifra que en este 2014 se reduce a 11.800.
Por otro lado, el presidente de la ACP, José Prado, repartió críticas y también algún que otro elogio a la política en materia de construcción y vivienda de la Junta de Andalucía. Entre las críticas, citó los postulados «absolutamente populistas» de la Consejería de Fomento y Vivienda, que a su juicio mira a los empresarios del sector como «meros especuladores, con medidas como el Decreto de la Función Social de la Vivienda, que grava las viviendas vacias. Sí tuvo, en cambio, palabras positivas para el Plan de Construcción Sostenible puesto en marcha por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
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