El Ayuntamiento ocupa el suelo en el que el Gobierno hará la cárcel de fin de semana (SUR)

Urbanismo aprueba hoy la incorporación a su patrimonio de todos los terrenos del polígono Guadalhorce pendientes de cesión por la Administración central Sepes sostiene que la parcela para el centro penitenciario es de su propiedad

Nuevo episodio en la discusión entre el Ayuntamiento y el Gobierno central por la parcela del polígono Guadalhorce en la que éste último prevé iniciar en breve las obras para una nueva cárcel de régimen abierto. A principios del mes pasado, cogió por sorpresa al equipo de gobierno que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios contratara la obra para la prisión, que se ubicará en un solar de unos 11.000 metros cuadrados, situado en una zona próxima al apeadero de la línea de cercanías Málaga-Fuengirola. Entonces, el alcalde, Francisco de la Torre, comentó que el Gobierno debería haber esperado a que finalizaran las conversaciones con la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes), propietaria del polígono Guadalhorce, para la construcción de la cárcel.DecisiónHoy, el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo aprobará la ocupación inmediata no sólo de los suelos en los que está planteado el centro penitenciario, sino también de todos aquellos que, según el Consistorio, Sepes debería haber puesto a disposición del patrimonio municipal y no lo ha hecho en los últimos años. En total, se trata de 410.181 metros cuadrados entre terrenos de uso social, comercial, viario, espacios libres y reservas para infraestructuras.Urbanismo se acoge a un real decreto del año 97 para aprobar la ocupación de los terrenos por considerar que le pertenecen, según el reparto de suelos que se produjo entre Sepes y el Ayuntamiento a la hora de ordenar las parcelas del polígono Guadalhorce. Para ello, dio a Sepes un periodo de audiencia en el que la sociedad estatal presentó una alegación en la que defendía que los terrenos para la construcción de la cárcel de régimen abierto son suyos. Esto lo argumentó por el contenido de un convenio del año 1992. Sin embargo, Urbanismo rechazará hoy esa alegación y seguirá adelante con el trámite para la ocupación de las fincas «que debieron ser cedidas obligatoriamente en el polígono industrial Guadalhorce», indica la propuesta. Así, el Ayuntamiento se otorga la facultad de poder inscribirlas a su nombre en el registro de la propiedad, algo que no se había producido aún.Este tramite municipal pone en cuestión el próximo inicio de las obras de la cárcel, adjudicadas a la empresa Comsa por 12 millones de euros y amparadas en la postura del Gobierno de que los terrenos donde se harán son suyos. Además, la construcción no requeriría licencia de obras por tratarse de una actuación de interés general para el Estado, según indicaron fuentes consultadas por este periódico.La intención del Consistorio era firmar un acuerdo con la Administración central para ceder la parcela del Guadalhorce a cambio de que pasara a ser municipal el edificio de la actual cárcel de régimen abierto, situada en la avenida de Ortega y Gasset.