El Consistorio no ha recibido informes desde que entró en vigor la nueva ITE, hace diez meses. El plazo acaba en noviembre de 2008. Quien no cumpla la ordenanza pagará una multa de 3.000 euros
El plazo se agota para los propietarios de los 2.170 edificios de más de cien años de antigüedad que existen en la ciudad, concentrados en el Centro y los barrios históricos. Antes del 11 de noviembre del año que viene deberán presentar en la Gerencia de Urbanismo el obligatorio informe técnico para conocer en qué situación y estado de conservación se encuentran estos inmuebles. Así se estipula en la ordenanza municipal aprobada hace diez meses, que tiene como objetivo evitar la excesiva degradación de estas construcciones por la falta de intervención de sus dueños. El pasado 14 de junio, la Dirección General del Catastro facilitó al Ayuntamiento el censo de fincas que existen en la capital, y que asciende a unas 440.000 propiedades. Esto también permite conocer la antigüedad de cada edificio. Además de los 2.170 inmuebles construidos hace más de un siglo, existen otros 800 edificios protegidos que también deberán presentar la documentación antes de noviembre del año que viene, sólo que, según fuentes de la Gerencia, la mitad de ellos puede ya estar incluido en el primer grupo de construcciones centenarias.Estos informes deben de ser costeados por los propietarios de cada inmueble, y deben ser realizados por arquitectos, arquitectos técnicos o ingenieros técnicos mecánicos (cuando se trate de naves industriales), que verifiquen instalaciones eléctricas, de gas, sistemas contra incendios, desperfectos estructurales, si los hubiera... de cada edificación.Acoso inmobiliario. Esta inspección puede ser también una herramienta útil para detectar casos en los que los propietarios de los inmuebles hagan dejación de sus obligaciones a la hora de practicar obras de restauración, que permitan unas condiciones de habitabilidad dignas para los inquilinos del edificio. Éste es, precisamente, un modo de actuar muy común entre quienes quieren precipitar la marcha de los vecinos de muchos edificios, que pagan rentas antiguas, a través del conocido acoso inmobiliario.Pero no sólo se trata de verificar el estado de las viviendas. La inspección afecta a todas las construcciones existentes, independientemente de su uso, y entre las más antiguas se encontrarían la Catedral, la mayoría de las iglesias, la Alcazaba, el Palacio de la Aduana y la propia Casa Consistorial, así como otros edificios de titularidad municipal. En total 26, como el Teatro Cervantes, la Casa Natal de Picasso, el Hospital Noble o el Archivo Municipal. El Ayuntamiento ya está acometiendo la inspección de estos edificios, ya que, como impulsores de la medida, quiere dar ejemplo con su cumplimiento. Urbanismo prevé tener realizadas las inspecciones antes de final de año. A resultas de estas inspecciones se realizarán, en su caso, los proyectos y obras necesarias en coordinación con el servicio de Proyectos y Dirección de Obras del mismo departamento.El censo de edificios permitirá también conocer, una vez cumplido el plazo establecido, quienes no han presentado el pertinente informe de situación. La multa mínima por no llevar a cabo la ITE asciende a 3.000 euros.Durante noviembre de 2008 y noviembre de 2009 corresponderá a los dueños de los inmuebles con una antigüedad de entre 75 y 100 años llevar a cabo la inspección obligatoria. Así, hasta que todos los construidos antes de 1986 pasen por estos exámenes. La mayor parte de las viviendas que se revisarán fueron construidas entre 1960 y 1980, en la zona Oeste y los barrios de Miraflores y la Prolongación de la Alameda, según el Plan Estratégico de Málaga.
Honorarios mínimos para los arquitectosLa Gerencia Municipal de Urbanismo ha elaborado un borrador del convenio de colaboración que quiere firmar con los colegios profesionales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos, para dar a conocer a los colegiados el contenido de la ordenanza, a través de la convocatoria de cursos de formación, y para establecer unos honorarios de referencia, que percibirán estos profesionales por llevar a cabo las inspecciones. El precio mínimo, según el Ayuntamiento, puede ser de 300 euros, aunque el coste del informe de una vivienda de más de cien años y 200 metros cuadros puede ascender a los 600 euros.Los propietarios que no puedan hacer frente a estos gastos (siempre y cuando demuestren sus bajos ingresos) podrán acceder a un programa de ayudas que ya tiene previsto el Consistorio para estos casos.
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