18.000 dueños de pisos ilegales de Marbella se unen para ir a juicio (La Opinión)

Los propietarios amenazan con ir a la Justicia si les obligan a ejecutar las compensaciones que prevé el PGOU. Calculan que cada inquilino tendrá que comprar 100 metros de terreno para legalizarse. El Ayuntamiento dice que no se puede actuar como si no hubiera terceros de buena fe
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elaborado por la Junta de Andalucía para Marbella ha puesto en pie de guerra a los 18.000 propietarios de viviendas ilegales de la ciudad, que, según el documento, tendrán que compensar al Ayuntamiento comprando otros terrenos para poder legalizar el espacio que ellos ocupan. Esta situación ha propiciado que los tres colectivos de afectados se unan bajo la Plataforma de Vecinos afectados por el PGOU y su presidente, José Ortiz, asegura que están "dispuestos a llevar a los tribunales a la Junta, al Ayuntamiento y a los promotores si es necesario".El problema reside en el sistema de compensaciones previsto en el PGOU, ya que el documento obliga a promotores y propietarios a a comprar otros suelos para legalizar las construcciones que han quedado al margen de la ley.Según los cálculos de la plataforma, estos 50.000 vecinos afectados ocupan 205 urbanizaciones de Marbella, y cada uno de los 18.000 propietarios tendrá que comprar 100 metros cuadrados de terreno, es decir, 1,8 millones en total, con lo que el coste para ellos será altísimo."Hay ejemplos como un edificio de Marbella que debe comprar otro en el Paseo Marítimo de Marbella, después habrá que demolerlo y cederlo al Consistorio para que aquello sea una zona verde", explica indignado José Ortiz, quien al tiempo asegura que "si quieren negociar bien, si no tendrán que demostrar que no somos compradores de buena fe e iremos a los tribunales".Esta posibilidad significaría alargar durante al menos cinco años el proceso, ya que el Contencioso-Administrativo tardaría mucho tiempo en resolverse, sin contar con el los propietarios están protegidos por la Fe pública registral, como consecuencia de haber inscrito sus casas en el Registro de la Propiedad.Lo que piden es que el reparto de las compensaciones se haga de modo "más humano". "Yo, por ejemplo, vivo en la promoción de `Banana Beach´. Así, ahora nos tienen que comprar, y cedernos al Ayuntamiento para que aquello sea un área libre", aclara Ortiz.El plazo de alegaciones al documento da una posibilidad a los propietarios para arreglar su situación, ya que hasta el 13 de octubre, cualquier ciudadano o colectivo social de Marbella podrá presentar las objeciones que estime pertinente al PGOU, alegaciones que deberán ser estudiadas por el Consistorio, aunque será la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía la encargada de dar el visto bueno definitivo al documento.Los propietarios se quejan de la escasa receptividad que han encontrado en los responsables de la Oficina del PGOU de Marbella: "La sensación que nos ha dado cuando nos hemos reunido con ellos es que no están dispuestos a tocar ni una coma del documento. El PGOU está sordo", aclara el presidente de la plataforma."El Ayuntamiento nos ha mostrado su apoyo a los afectados", aclara Ortiz, quien destaca que muchos de los promotores de estas viviendas ilegales "ya han desaparecido".Reacción municipal. En cualquier caso, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, reconoce que son miles de personas las afectadas por esta situación, y se muestra dispuesta "a estudiar con mucho detalle las compensaciones que se pueden exigir"."La situación urbanística de Marbella es muy compleja y por tanto las soluciones también lo son. Lo que está claro es que el PGOU debe establecer mecanismos para compensar a la ciudad y, desde luego, no gravar a los terceros que compraron una vivienda de buena fe", indica la regidora popular.En este sentido, Muñoz aclara que "en Marbella no se puede actuar como si no hubiera compradores de buena fe y, por tanto, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y los promotores tendrán que ver y estudiar en profundidad todos los casos; muchos de ellos podrían solucionarse en las alegaciones".El presidente de la plataforma señala además que el gasto que deba afrontar una familia para legalizar su vivienda puede "ser altísimo" y recuerda que existe la figura jurídica de la expropiación forzosa, a la que el Ayuntamiento se puede ver abocado por imperativo legal.En la Oficina del PGOU, aseguran que las compensaciones son las que establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y que es posible que, algunas de las reparcelaciones afecte a un propietario, pero que será una afectación mínima y, por supuesto, habrá que compensar al afectado.