La alcaldesa descarta que los dueños de pisos ilegales tengan que compensar a la ciudad. Marbella (SUR)

Se alegará contra el sistema previsto en el PGOU que carga a los propietarios si la promotora no cumple La Junta insta a los afectados a que se asocien para denunciar a los constructores de viviendas sin licencia

Nueva polémica en ciernes en el ámbito urbanístico. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, discrepa del sistema previsto en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para tratar de regularizar los pisos ilegales. En virtud del mismo, los compradores de las viviendas levantadas al amparo de licencias fuera de ordenación tendrían que cargar con las compensaciones a la ciudad -en la recuperación de zonas verdes o de suelo para equipamientos-, en caso de que no lo haga la promotora. La primer edil marbellí no se anduvo con rodeos y avanzó que el Consistorio marbellí alegará contra esta propuesta que recoge el Plan, que ha elaborado el equipo redactor del arquitecto Manuel González Fustegueras bajo directrices de la Junta de Andalucía. En este sentido, Muñoz advirtió: «Si el promotor no compensa a la ciudad, el Ayuntamiento actuará; pero no se puede cargar al comprador ni obligarle a asumir responsabilidades que competen a las administraciones». Y es que en caso de que el promotor no asuma las cargas urbanísticas, los dueños de estas promociones ilegales tendrían que asumir los gastos que se deriven del proceso de compensación a la ciudad y por el que encontrarían acomodo unos 18.000 inmuebles -el 85 por ciento del total- y sólo se dejarían fuera de este proceso a 752 viviendas -la mitad de ellas ocupadas- y a dos hoteles. Así lo sostuvieron José María Ruiz Povedano, director de la Oficina de Planeamiento de la Junta en Marbella, como Manuel González Fustegueras, redactor del Plan, durante la primera reunión de la Mesa de Participación del Plan General. Responsabilidades«Las cargas urbanísticas, que tenía que haber hecho el promotor, no desaparecen; van con el titular de la propiedad», a lo que Povedano añadió: «Si el promotor no está, las asumirán los propios compradores. La finalidad de este Plan es que hay que restituir a la ciudad todo lo que se le ha quitado en los últimos años». Más explícito se mostró el responsable del equipo redactor del PGOU. Fustegueras explicó que estas cargas urbanísticas no recaen sobre el promotor o el titular de la vivienda ilegal sino sobre la propiedad del suelo, y aseguró que la regularización absoluta de estas edificaciones sin ningún tipo de carga «es ilegal». El director de la Oficina de Planeamiento y el PSOE instan a los afectados a que se asocien para denunciar a estos promotores. La respuesta de la regidora marbellí es clara a este respecto: «Ahora mismo, la ciudad no necesita pleitos sino soluciones».