miércoles, 12 de septiembre de 2007

La Junta asegura que hay dinero para las VPO y pide la colaboración municipal (La Opinión)

La FAMP creará comisiones de trabajo para analizar la ley. Griñán adelanta que ya hay previsto 1.900 millones de euros
Pacto por la Vivienda en Andalucía no supondrá un esfuerzo económico para los ayuntamientos, sino "sólo trabajo y dedicación de los políticos", según indicó ayer el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano.Toscano, que se reunió con la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, aseguró que la Ley del Derecho a la Vivienda, por la que se crearán 300.000 nuevas viviendas en diez años, "no va a regalar nada a nadie", y que las administraciones autonómica y municipal se limitarán a intervenir suelo para construir a precio de mercado.Gutiérrez explicó que la evolución de los salarios "ha ido paralela" a la del precio de la construcción, pero no así al del suelo, que ha alcanzado "cifras absurdas", según destacó Toscano, debido a la especulación.Los ayuntamientos y la Junta no financiarán la totalidad de las viviendas, si bien se reservará una parte para personas con menos recursos a las que sí se darán subvenciones. En cambio, sí que disminuirán el coste de éstas hasta un precio de entre 100.000 y 120.000 euros, destinando más suelo a las VPO.Financiación. El consejero de Economía, José Antonio Griñán, aseguró ayer que el anteproyecto de ley contará con "todas las disponibilidades presupuestarias necesarias para llevarla a cabo" una vez que sea aprobada en el Parlamento andaluz.Griñán indicó que el Plan Económico que se tramita incluye 1.900 millones de euros para políticas de vivienda, cantidad a la que habrá que añadir la dotación del próximo Plan Nacional de Vivienda, que se iniciará en 2009, y la política de vivienda que desarrolle la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).El consejero negó que el anteproyecto sea una "improvisación" y explicó que es el resultado de sucesivas medidas adoptadas por la Junta para "frenar el escandaloso incremento del precio".

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