Un juez tumba los planes para hacer 3.000 viviendas en Soliva (La Opinión)

Un juzgado de lo Contencioso Administrativo anula el área de reserva que el Ayuntamiento creó en el norte de la finca. El fallo no ha sido recurrido
Una sentencia del juzgado número 5 de lo Contencioso Administrativo ha dado un duro revés a los planes del Ayuntamiento de Málaga de construir viviendas en la finca de Soliva al anular y dejar sin efecto la decisión municipal de crear un área de reserva en esa zona para la construcción de unas 3.000 viviendas tanto libres como de protección oficial.La sentencia, que ya es firme ya que el Ayuntamiento no la ha recurrido, es consecuencia del recurso interpuesto por los propietarios de la finca de Soliva. Estos recurrieron ante el juzgado Contencioso Administrativo la decisión del Ayuntamiento, adoptada en septiembre de 2005, de crear una gran área de reserva en la parte norte de Soliva, de unos 300.000 metros cuadrados, que sería obtenida por expropiación.Los argumentos. En la sentencia, el juzgado anula la decisión de crear el área de reserva bajo el argumento de que sería una más de las muchas que ha creado el Ayuntamiento sin darle después ningún desarrollo. En concreto la sentencia recuerda que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluye la existencia de 15 áreas de reserva, sin que ninguna haya sido desarrollada hasta el momento. La sentencia supone un revés a la política de promoción de viviendas del gobierno municipal ya que la previsión del Ayuntamiento para el área de reserva afectada por la sentencia era de 3.000 viviendas que se levantarían en los próximos años. Ahora al Ayuntamiento sólo le quedan las partes sur y este de la finca donde se ha previsto la construcción de casi 1.600 viviendas, una cifra muy inferior a las programadas en la parte norte y que el juzgado de lo Contencioso ha dejado sin efecto.El problema puede ser peor para el mercado de la vivienda pública ya que la Consejería de Obras Públicas de la Junta adoptó una decisión similar a la del Ayuntamiento por la que ordenaba la creación de una área de reserva para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) sobre los mismos terrenos acotados por el Ayuntamiento, lo que motivó en su día un duro enfrentamiento entre ambas instituciones.La decisión de la Junta de Andalucía también fue recurrida por los propietarios de Soliva que ahora esperan una sentencia similar a la dictada por el juzgado número 5 de lo Contencioso Administrativo.El abogado Juan Ramos Fernández Canivell, especializado en temas urbanísticos, tramitó el recurso en nombre de los propietarios y considera que la sentencia sobre el pleito interpuesto contra la Junta "deberá ser del mismo tenor que la habida contra el Ayuntamiento, ya que la Administración autonómica actúa sobre los mismos suelos y con el mismo procedimiento".