Las compensaciones de suelo ascenderán a 360 millones de euros. Marbella (La Opinión)

Los afectados calculan que cada familia deberá gastarse una media de 20.000 e para evitar el embargo. Algunas comunidades deben ceder el doble de su parcela
Los vecinos afectados por el PGOU de Marbella deben ceder al Ayuntamiento un total de 1,8 millones de metros cuadrados para que legalicen sus viviendas. Tal y como está el precio del suelo en la Costa del Sol, cada familia deberá gastarse una media de 20.000 euros, según los cálculos de José Ortiz, presidente de la plataforma ciudadana. Todo depende de la situación de la promoción de viviendas en la que residan y de la superficie de la parcela que tengan que donar e incluso adquirir en compensación para que el Ayuntamiento pueda construir equipamientos. La suma de estos gastos asciende a 360 millones de euros, teniendo en cuenta de que son 18.000 las viviendas en situación de ilegalidad.Según explicó Ortiz, el equipo de redactores del PGOU estableció tres categorías en el sistema de compensación, que obliga a los propietarios a hacer frente a los gastos que se generen de este proceso: las comunidades que tienen que ceder parte de terreno de su propiedad, y que en algunos casos se acerca al doble de la superficie que ocupa, como el Mirador de Nueva Andalucía, de 149 viviendas, que debe aportar el 186% de su terreno; o el conjunto residencial y comercial Serranilla Norte, que debe ceder el 127% del suelo.La segunda clasificación corresponde a las promociones que, además de ceder terreno propio, deben aportar más suelo (el planeamiento precisa superficie y parcela concreta) y a su vez cederlo al Ayuntamiento. En el documento destaca el caso de La Arquería, donde sus 224 residentes deben aportar 11.132 metros de un terreno entre la N-340 y la avenida Junquera, frente a pueblo andaluz, y otro terreno viario en la avenida Valeriano Rodríguez; o los 55 vecinos de Arroyo de las Piedras, que deben entregar al Consistorio 17.066 metros que deben adquirir en El Batatal; o el conjunto residencial Hacienda Playa, que ha de añadir a los 21.500 metros de parcela propia otra de 23.529 metros de superficie de un terreno en la calle Olga Hidalgo, y otro junto a la Colonia Atalaya; o los 576 propietarios de Parque Miraflores, que cada uno deberá abonar unos 9.000 euros para pagar los 9.406 metros de un terreno en la zona norte de la plaza de toros, donde hay naves industriales en uso, si no quieren ver cómo sus viviendas son embargadas.Son algunos ejemplos, quizás los más significativos, y que afectan a más de 50.000 marbellíes, representados por la Plataforma Ciudadana de Afectados por el PGOU.En la tercera categoría se incluyen los casos sin solución, como Banana Beach.