miércoles, 5 de diciembre de 2007

El Ayuntamiento prevé una avalancha de litigios a raíz de la aprobación del PGOU. Marbella (SUR)


A los 1.400 procedimientos abiertos, se sumarán los que se deriven de las alegaciones que se desestimen Los socialistas rechazan una proposición del PP que en su opinión obligaría a rescatar nuevamente las competencias.

El equipo de gobierno municipal prevé que se incremente el nivel de litigiosidad del Ayuntamiento -con 1.400 causas abiertas- una vez que se apruebe de forma definitiva y entre en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. ¿El motivo? Según explicó ayer su portavoz Félix Romero, por que no se contemplen todas las alegaciones, unas 9.000, presentadas al documento urbanístico. Para curarse en salud y ante el previsible aumento de la cantidad de procesos en los que estén afectados intereses municipales, el Consistorio marbellí busca un bufete interesado en asumir su defensa y que lo represente en las numerosas causas que mantiene abiertas. A falta de cerrar la cifra, la administración local tiene pendientes unos 800 procedimientos contencioso-administrativos, 300 penales y otros 300 civiles; algunos de los cuales han derivado en piezas separadas y otros, en nuevos procesos. Se trata, según subrayó el portavoz del equipo de gobierno municipal, de «una magnitud de litigiosidad en materia judicial inabarcable» que requiere de un asesoramiento legal adecuado, sobre todo, ante la previsible avalancha de litigios en materia urbanística, a raíz de que se dé el visto bueno al nuevo Plan General. El sistema de compensaciones que recoge el texto para tratar de legalizar las viviendas ilegales, herencia de la 'era GIL', no ha estado exento de polémica acerca de quiénes tendrán que asumir las cargas.Precisamente hoy el PSOE rechazará en el Parlamento andaluz la proposición no de Ley presentada por el PP para que la Junta arbitre medidas de protección a los compradores de «buena fe» de viviendas ilegales. Los populares demandan que desde el Gobierno andaluz se garantice que los dueños de estos inmuebles no tengan que asumir las compensaciones para su regularización que recoge el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.Su propuesta se topará con la negativa de los socialistas y con dos enmiendas para contrarrestarla. Ponen el acento en que es el Ayuntamiento, una vez recuperadas el pasado junio las competencias urbanísticas y de planeamiento, la única administración a la que compete «un reparto equitativo de las cargas urbanísticas para la regularización de las viviendas mediante la gestión del nuevo PGOU».
Tranquilidad
«En caso de aprobarse la proposición no de Ley del PP tal cual está el Consejo de Gobierno se vería obligado a retirar de nuevo las competencias urbanísticas de aprobación del planeamiento e incluso las de su gestión», advirtió Luciano Alonso, parlamentario andaluz del PSOE. Recordó además el mensaje de tranquilidad del presidente de la Junta, Manuel Chaves, a los propietarios. No se quedan ahí. Los socialistas le darán la vuelta a la proposición no de Ley de los populares con dos enmiendas. En la primera proponen que el Parlamento andaluz inste al Ayuntamiento a que articule en la tramitación del PGOU «medidas legales» que permitan obtener de los «infractores originarios» las compensaciones «preservando el patrimonio de los adquirientes de buena fe». Con la segunda, quieren que el Consejo de Gobierno que encargue al Consejo Consultivo de Andalucía un dictamen sobre la situación legal de estos adquirientes y sobre las acciones que podrían emprender. Los empresarios ya han mostrado su preocupación por este nuevo encontronazo entre la Junta y el Ayuntamiento a cuenta del urbanismo. Temen que se dilate la aprobación del nuevo Plan y así se lo hicieron saber al propio Chaves en su visita a la ciudad del pasado viernes. De hecho, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se ha ofrecido a mediar entre ambas administraciones para que las revueltas aguas se calmen.

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