Algunos de estos suelos no están en el patrimonio municipal, al ser objeto del saqueo de la 'era GIL'. Desde el equipo de gobierno, abogan por reclamárselo a los anteriores gestores municipales
PGOU EN CIFRAS
Suelo urbano ya existente: 5.073 hectáreas
Nuevo suelo para los próximos ocho años: 1.583 hectáreas (Crecimiento del 31,2%)
Crecimiento de la población previsto en ocho años: 27,7% hasta alcanzar los 169.719 habitantes
Espacios protegidos: 4.742 hectáreas (el 40,5% del término municipal), incluidas zonas de dominio público marítimo terrestre, de protección ambiental, interés territorial y dominio público hidráulico.
Espacios libres: 500 hectáreas (multiplica por cinco los actuales)Ratio de espacios libres por habitante: 60 metros cuadrados
Suelo de equipamiento: 321 hectáreas (multiplica por cuatro la dotación actual)
Suelo de equipamiento por habitante: 20 metros cuadrados (cinco puntos por encima de la media europea de referencia)
Viviendas de nueva planta: 27.643
Viviendas a precio asequible: 10.178 (36,8% del total)
Rehabilitación: 8.802 viviendas
Nuevas plazas hoteleras: 3.800
Inversión prevista: 2.250 millones de euros, de los que un 35% sería inversión pública.
Viviendas que se legalizan: 18.000
Viviendas construidas que no se legalizan: 752
Viviendas paralizadas: 11.368
Nuevo dato revelador en materia urbanística, después del recuento y digitalización de las 8.537 alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. El equipo de gobierno municipal mantiene la tesis de que gran parte de las compensaciones que se piden ahora a los promotores para poder regularizar sus promociones ilegales ya fueron aportadas al Ayuntamiento. La cuestión no es baladí, ya que, se trata de suelos que éstos entregaron en su día a la administración local por aprovechamientos medios, pero que han desaparecido del patrimonio municipal tras 15 años de saqueo sistemático de los gobiernos gilistas y posgilistas. Este criterio restará conflictividad en la tramitación del Plan General, pero sin que haya amnistía, y agilizará la resolución de las alegaciones.Y es que la venta de patrimonio municipal para hacer frente a las deudas contraídas por la prestación de determinadas obras o servicios al Consistorio marbellí fue una práctica habitual del GIL y del tripartito, objeto de numerosas denuncias por parte de los grupos políticos entonces en la oposición. Según fuentes próximas a la Alcaldía, una parte importante de estos terrenos -que se les reclama a los promotores en el sistema de compensaciones que recoge el Plan General- están a fecha de hoy en paradero desconocido, al formar parte presuntamente del patrimonio municipal enajenado o permutado en convenios de dudosa legalidad por el GIL cuando estaba al frente de la Alcaldía, para financiar gastos corrientes o un sinfín de obras municipales, desde mejoras en el saneamiento o en el alumbrado a planes de asfaltado.
Alegaciones
La documentación que acredita que estas parcelas se pusieron en su día a disposición del Consistorio la han aportado los propios interesados en las alegaciones presentadas al Plan General. Desde el equipo de gobierno, aseguran que con anterioridad no existía información alguna a este respecto en las dependencias municipales, por lo que tratarán ahora de verificar el contenido de estos reparos, en fase de estudio.Es más, argumentan que el hecho de que se les haya perdido la pista a estos terrenos -entregados en su día por los promotores a la administración local- no significa que los afectados tengan que hacer una segunda aportación para normalizar sus viviendas ilegales. La postura del Ayuntamiento marbellí es clara en este sentido, al considerar que tendrá que reclamárselo a los anteriores gestores municipales, quienes no dudaron en esquilmar el patrimonio propiedad del Consistorio y someter a las arcas municipales a un saqueo sistemático. Así la recuperación de parte del patrimonio perdido en acuerdos lesivos para los intereses de la ciudad será una de las prioridades del equipo de gobierno municipal, como ya hiciera en su día la comisión gestora que rigió el Consistorio tras la disolución de la corporación presidida por Marisol Yagüe. Ya han dado el primer paso en este sentido con la convocatoria de un concurso público, que adjudicarán a primeros de año, para la representación legal del Ayuntamiento en los numerosos procesos en los que están afectados los intereses municipales, como los casos 'Malaya', 'Saqueo' o 'Tribunal de Cuentas'. El objetivo de esta iniciativa: recuperar lo expoliado en la 'era GIL'.
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