Las Chapas y Nagüeles concentran casi la mitad de las alegaciones al nuevo PGOU. Marbella (SUR)

El 13 por ciento de los reparos presentados corresponden a viviendas ilegales que quedan fuera de planeamiento

Las zonas de Nagüeles y Las Chapas concentran casi la mitad de las alegaciones en contra del nuevo Plan General. El resto se distribuyen entre Marbella -con el 36 por ciento, esto es, uno de cada tres-, San Pedro Alcántara -con el 11 por ciento del total- y Nueva Andalucía, que representa un exiguo ocho por ciento. Según los datos estadísticos extraídos tras la digitalización de cada uno de los 8.537 reparos presentados, dentro de Las Chapas (el 24 por ciento del total) destacan tres áreas: La Víbora, que tiene mayor peso con el 19 por ciento de esta zona; seguida muy de lejos de Río Real y del Alicate, con unos exiguos tres y dos por ciento, respectivamente.En cuanto a la clasificación de las alegaciones según áreas de revisión, el 58 por ciento corresponde a las áreas de regularización, que se establecen en sectores de suelo urbano no consolidado, que tienen edificaciones contrarias al Plan vigente (1986), donde el nuevo PGOU establece la necesidad de realizar un proyecto de reparcelación para poder obtener suelo dotacional y espacios libres, así como distribuir de forma equitativa beneficios y cargas entre los propietarios incluidos en dicha área de regularización.

Sistema polémico

En cuanto a la clasificación de suelo (esto es, las distintas tipologías de suelo a efectos de su régimen jurídico), destaca que casi la mitad del cómputo total de reparos -esto es, el 47,3 por ciento- sea contra el sistema de compensaciones que recoge el nuevo texto para tratar de regularizar las 18.000 viviendas ilegales, heredadas de los 15 años de gobiernos gilistas y posgilistas. Así, de las 8.537 alegaciones presentadas en total, 4.038 correspondan a suelo urbano no consolidado con normalización.Este mecanismo propuesto en el Plan General para poder regulzarir los pisos ilegales no ha estado exento de polémica, al obligar a los propietarios a costear las compensaciones a la ciudad, en caso de que los promotores no respondan. La oposición a esta fórmula ha llegado no sólo en forma de alegaciones sino también en una manifestación ciudadana en la que participaron unas 2.000 personas. Desde el equipo de gobierno, aseguran que introducirán cambios al texto para amparar a los propietarios de estas viviendas. El pasado miércoles, la alcaldesa Ángeles Muñoz se reunió con el arquitecto Manuel González Fustegueras, redactor del texto, en la primera toma de contacto para informarle de los criterios del Ayuntamiento sobre el Plan.