"No nos queda otra solución, esto es una ruina" afirma Dolores Quero, una de las afectadas por las viviendas ilegales en Mijas que ha decidido cortar por lo sano con su problema y derribar la casa que se estaba construyendo. "Por suerte, nosotros sólo tenemos construida la estructura; si no sería bastante peor".Aunque a esta familia no le ha llegado orden de demolición alguna, lo que pretenden es que acaben las multas de 4.000 euros mensuales durante todo un año que ya están recibiendo. "Una familia no puede pagar multas de ese precio, yo he tenido que sacar un crédito y además tengo que pagar la hipoteca que pedí para construir mi casa". La solución, desesperada, intenta evitar, según Dolores, que embarguen la casa de su hijo por la imposibilidad de pagar las multas.Conscientes de que no han cumplido la ley, se quejan de que "desde las administraciones públicas no se nos ha ayudado". Además, según Dolores "si el consistorio sabía que esto iba a pasar no debían habernos dado permiso para construir". Además, desde que comenzaron los problemas y vieron como a otros mijeños les llegaban las multas, la familia se ha ido reuniendo, primero en solitario y luego a través de la plataforma de afectados, con el alcalde para solicitar toda la información posible y evitar que llegase este momento.La construcción de Dolores es la estructura de una casa y una cochera de no más de 90 metros cuadrados situada en una finca de 20.000 metros en suelo rústico de regadío en la zona de La Alquería. En 2002 comenzaron con los trámites para construir una casa para la hija de Dolores, Amelia, quien reconoce que habló con el concejal de Urbanismo. "Me dijo que la única manera de hacerme una vivienda allí era a través de un permiso de aperos", dice. Hasta hace dos años no habían tenido problemas de ningún tipo, pero fueron los propios vecinos de Dolores quienes interpusieron la denuncia contra la construcción ilegal. Paralización de la obra. "Hemos tenido varias reuniones con los distintos ediles de Urbanismo que ha habido desde que comenzamos las obras y siempre hacíamos caso de las pautas que nos indicaban". Por ello desde que recibieron la notificación de la primera denuncia pararon la obra. "Para evitar que la cosa fuese a peor decidimos no hacer ningún avance más en la casa y esperar", pero desde que recibió la primera multa la familia Quero se planteó acabar con el problema que tantas noches les ha quitado el sueño.Desde la asociación por la regularización de viviendas ilegales en Mijas, el presidente, Juan Antonio Blanco, asegura que "la familia puede presentar recursos para intentar si un juez puede llegar a paralizar el expediente pero eso no impide el pago de las sanciones".Además, la demolición no impide "que los afectados deban pagar la correspondiente sanción por delito urbanístico, aunque ya haya demolido su casa", asegura Blanco. Aunque la familia sabe que es la única vía "el propio abogado no nos asegura que el recurso siga adelante y lo que no podemos es pagar tanto dinero y que al final no sirva para nada" afirmaba Dolores, poco antes de que los operarios comiencen la demolición.
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