El fiscal asegura que «es primordial tomar medidas cautelares» en cuanto se conoce las irregularidades
Los delitos urbanísticos y la responsabilidad penal que éstos conllevan fueron analizados ayer por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que aportó su visión al respecto durante las Jornadas Jurídico-Técnicas del Medio Ambiente celebradas en el CIO de Mijas.
¿Qué es lo que pretende hacer ver en esta conferencia?
El tema principal es la delincuencia urbanística, la evolución que ha sufrido en los últimos cinco años en Andalucía y las principales consecuencias penales que tienen las licencias de obras ilegales en los últimos años.
¿Cuáles han sido las principales evoluciones en el ámbito judicial en materia de urbanismo?
Se ha creado una red de fiscales en los últimos cinco años en las provincias costeras de la Comunidad. Como consecuencia, desde hace tiempo comienza a existir una unificación de criterios en la aplicación de la legislación urbanística vigente.
¿Cree que el sistema jurídico español está preparado para afrontar este tipo de delitos?
El Código Penal del 95 introducía artículos referidos a estos delitos pero quizá de manera incompleta al tratarse de una nueva tipología, no susceptible del proceso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta disparidad de criterios produjo un desarrollo de los delitos verdaderamente intenso. El problema ha sido más bien de naturaleza procesal.
¿Cuál es la actuación que considera ideal ante un delito urbanístico?
La prioridad es la reposición de la legalidad urbanística. Por ello, hay que aplicar sentencias además de instar a las demoliciones.Pero hay mucha gente que se pregunta si es posible parar este tipo de delito antes de llegar a demoler construcciones.Por ello mismo, desde la propia fiscalía se quiere apostar por adoptar medidas cautelares en fases primarias del delito, ya que en muchas ocasiones este delito implica un problema a terceros que sí han actuado de buena fe. En Mijas se busca solución al problema de las viviendas ilegales, en su mayoría de autoconstrucción
¿Cómo se actúa ante esta situación?
En estos casos, al ser un problema muy concreto y de particulares se suele derivar a la Fiscalía de Medio Ambiente, ya que tienen un planteamiento diferente a los delitos urbanísticos de grandes promociones de viviendas.
¿Cuál será el futuro desde el punto de vista de la fiscalía?
El futuro tiende a la corrección enérgica de este tipo de conductas. La tendencia al aumento del castigo enérgico se puede comprobar en la Memoria de la Fiscalía de 2003 a 2005. En realidad, no ha habido un endurecimiento de la legislación, lo que ocurre es que la normas podían ser interpretadas de forma diferente y la falta de una fiscalía especializada en este tipo de delitos provocaba una aplicación tardía de los procesos penales, simplemente por la propia necesidad de aclarar los conceptos legales.
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