lunes, 5 de mayo de 2008

Una comisión investiga por qué no se compró el Ovoide de Arroyo de la Miel (SUR)


El Consistorio deberá abonar ahora 1,5 millones de euros cuando la opción de adquisición en diciembre de 2006 se situaba entorno a los 300.000 euros. Está compuesta por representantes de todas las fuerzas políticas de la localidad

El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado una comisión de investigación especial que aclare los motivos por los que el Consistorio no ejerció el derecho de compra del edificio singular Ovoide situado en el paseo del Generalife de Arroyo de la Miel donde actualmente se prestan servicios municipales y cuya adquisición asciende ahora a 1,5 millones.Los hechos se remontan al 9 de enero de 1997 cuando el Ayuntamiento suscribió un contrato de arrendamiento con el propietario del inmueble con una opción de compra durante los diez primeros años de vigencia del contrato. El precio de esta adquisición era el que resultara de deducir a 900.000 euros, más IVA, las cantidades abonadas en concepto de alquiler que ascendían hasta 2007 a 720.000 euros.En el acuerdo, se establecía que el Ayuntamiento debía notificar a la arrendadora su decisión de ejercer la opción de compra con un mes, al menos de antelación a su vencimiento, e indicar la fecha para la realización de los actos necesarios para el ejercicio de la opción y designación del notario. Esta cita tendría que realizarse dentro de los dos meses siguientes a la finalización del vencimiento.El entonces alcalde, el independiente Enrique Bolín, ordenó pagar esas deudas y la cantidad prevista en el contrato -180.000 euros-, pero el dueño lo rechazó por efectuarse fuera de plazo. De modo que la nueva Corporación se encontró en julio con una orden de desahucio. El alcalde de la localidad, Javier Carnero, negoció con el propietario para que el Consistorio siga usando el inmueble hasta que los tribunales resuelvan la demanda interpuesta.
Comparecencias
Según reconoció el regidor, la comisión ha tenido ya diversos comparecientes y añadió que seguirá su curso en los próximos días. En la investigación se encuentran incluidos representantes de todas las fuerzas políticas representadas en el Consistorio. Carnero afirmo que independientemente de lo que pueda determinar la investigación el hecho de no ejercer la opción de compra por parte de la anterior Corporación dejó al propietario «en una situación de poder que nunca debería haberse consentido. «No hay derecho a que por la dejadez del antiguo equipo de gobierno, tengamos que hacer frente al pago de 1,5 millones de euros cuando en diciembre de 2006 esta cifra no alcanzaba los 300.000 euros incluyendo el impago de dos mensualidades de alquiler», dijo el regidor que también arremetió contra los miembros de la oposición que se encontraban entonces en el poder y a los que acusó de no dar ningún tipo de explicación a este respecto. En el capítulo de inversiones del Presupuesto para el presente ejercicio existe una partida de 1,5 millones de euros para la adquisición de este inmueble.

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