Varapalo a los ayuntamientos por su actitud ante las infracciones urbanísticas (Málaga Hoy)

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo califica en su memoria de 2007 de "complaciente" y "poco beligerante" la tarea de las corporaciones locales y la Junta ante este tipo de irregularidades

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo acaba de poner de relieve en la memoria relativa a 2007 la escasa participación de las administraciones local y autonómica en la provincia de Málaga a la hora de afrontar los problemas derivados del urbanismo. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se habla, en concreto, de una actitud "más bien complaciente y poco beligerante" por parte de estas instituciones con las infracciones que se cometen en territorio malagueño, "sobre todo por parte de los municipios".Las afirmaciones que se realizan en la memoria fiscal reproducen las aportaciones realizadas por el fiscal provincial y suponen un contundente varapalo a la labor de las corporaciones locales y de la Junta de Andalucía en la lucha contra las irregularidades cometidas en materia urbanística y de ordenación del territorio. En este sentido, es contundente al afirmar que debido a la "escasa colaboración" de las autoridades locales, "con frecuencia" transcurre el plazo fijado en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la tramitación de las diligencias de investigación, que es de seis meses. Una circunstancia que, según los responsables del Ministerio Fiscal, conlleva que las mencionadas diligencias tengan que ser remitidas al juzgado "sin formular denuncia", ya que no ha sido posible concretar los hechos denunciados.Como ejemplo de esta mala práctica, la memoria de este departamento, dirigido a nivel nacional por el fiscal coordinador Antonio Vercher, alude a la existencia de construcciones ilegales de las que no tiene conocimiento la Fiscalía. "Debe existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales, susceptibles de ser calificadas como delictivas, que no llegan al conocimiento de Fiscalía, y en buena parte la responsabilidad de ello la tiene la Administración, fundamentalmente la local, que no comunica la existencia de tales situaciones, a pesar de que es legalmente preceptivo hacerlo".En el informe se insiste en denunciar la "expansión" hacia las zonas del interior de la provincia del modus operandi delictivo que antes sólo existía en la costa y que implicaba numerosas denuncias por prevaricación. "En los municipios del interior la mayoría de los supuestos son de particulares que proceden a realizar una construcción de vivienda unifamiliar, sin que los ayuntamientos ejerzan con la debida diligencia sus facultades inspectoras". Al tiempo que se destaca que la denuncia contra municipios del interior es cada vez más frecuente.Pero la queja no se reduce en exclusiva a los ayuntamientos malagueños. El repaso también alcanza a la Junta de Andalucía, a la que pide una mayor implicación por parte de los agentes forestales (cien en la provincia) en la denuncia de irregularidades urbanísticas. "Siendo esta una provincia en la que existen tantas actuaciones que pudieran ser delictivas en todo su territorio, fundamentalmente contra la ordenación del territorio y medio ambiente, resulta extraño que no lleguen (desde los agentes forestales) más denuncias a esta sección".Más allá de las quejas sobre el comportamiento de las administraciones públicas, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en la provincia de Málaga hace especial hincapié en la falta de medios que padece y que se traduce, entre otros aspectos, en la imposibilidad de utilizar los ordenadores existentes "más que para poder registrar los procedimientos", a lo que se suma la obligatoriedad de tener que comprobar una por una cada diligencia de investigación incoada, "simplemente por no incorporar un programa adecuado".Por todo ello, los responsables de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Fiscal subrayan la necesidad de que la Consejería de Justicia pueda "incrementar de alguna manera la plantilla de funcionarios", al constatar "un gran déficit" en el seguimiento de los procedimientos. La situación es tal, según los responsables de la memoria, que "debe plantearse muy seriamente la posibilidad de no realizar la estadística anual".