El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, afirma que los tribunales podrían declararlas como ilegales · Algunas están pendientes de las alegaciones al PGOU
El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para ir regularizando las viviendas ilegales de la era GIL no tiene un carácter definitivo. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero (PP), matizó ayer que se podría dar el caso de que algunas de las licencias de primera ocupación que se concedan, provisionalmente, en los próximos tiempos, "decaigan" cuando un tribunal las declare nulas por ser "ilegal" su mantenimiento en el planeamiento urbanístico.Es decir, las personas que soliciten estos permisos para normalizar sus casas antes de que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no las tienen todas consigo si su promoción está inmersa en algún procedimiento judicial derivado de las 997 impugnaciones que hizo el Gobierno andaluz en los 15 años de gilismo.Así, los vecinos podrían ver en un futuro que su inmueble vuelve a quedar en un limbo jurídico, a pesar de que el PGOU que está elaborando Manuel González Fustegueras lo legaliza. En esta situación, los afectados no podrían pedir indemnizaciones de ningún tipo al Consistorio, ya que en el convenio, promovido por ambas administraciones, se deja claro que no se podrán exigir responsabilidades municipales si los jueces fallan en contra de las licencias concedidas por las corporaciones gilistas. Tampoco tendrán opción de hacerlo los propietarios que soliciten los permisos provisionales de apertura para sus establecimientos comerciales, según comentó Romero.Por otra parte, aunque esta opción parece más complicada a priori, la regularización de algunas edificaciones podrían peligrar si se aceptan alegaciones presentadas al PGOU que impidan su normalización.Asimismo, el portavoz de los populares quiso salir al frente de las acusaciones realizadas el lunes por colectivos vecinales y ecologistas en las que criticaban el acuerdo por no estar acompañado de informes del secretario municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. En su opinión, al tratarse de "una declaración política" no tiene los "efectos jurídicos inmediatos" de una normativa, por lo que los servicios técnicos del Ayuntamiento sólo tendrán que informar "jurídicamente" de las licencias que se vayan solicitando.
El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para ir regularizando las viviendas ilegales de la era GIL no tiene un carácter definitivo. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero (PP), matizó ayer que se podría dar el caso de que algunas de las licencias de primera ocupación que se concedan, provisionalmente, en los próximos tiempos, "decaigan" cuando un tribunal las declare nulas por ser "ilegal" su mantenimiento en el planeamiento urbanístico.Es decir, las personas que soliciten estos permisos para normalizar sus casas antes de que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no las tienen todas consigo si su promoción está inmersa en algún procedimiento judicial derivado de las 997 impugnaciones que hizo el Gobierno andaluz en los 15 años de gilismo.Así, los vecinos podrían ver en un futuro que su inmueble vuelve a quedar en un limbo jurídico, a pesar de que el PGOU que está elaborando Manuel González Fustegueras lo legaliza. En esta situación, los afectados no podrían pedir indemnizaciones de ningún tipo al Consistorio, ya que en el convenio, promovido por ambas administraciones, se deja claro que no se podrán exigir responsabilidades municipales si los jueces fallan en contra de las licencias concedidas por las corporaciones gilistas. Tampoco tendrán opción de hacerlo los propietarios que soliciten los permisos provisionales de apertura para sus establecimientos comerciales, según comentó Romero.Por otra parte, aunque esta opción parece más complicada a priori, la regularización de algunas edificaciones podrían peligrar si se aceptan alegaciones presentadas al PGOU que impidan su normalización.Asimismo, el portavoz de los populares quiso salir al frente de las acusaciones realizadas el lunes por colectivos vecinales y ecologistas en las que criticaban el acuerdo por no estar acompañado de informes del secretario municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. En su opinión, al tratarse de "una declaración política" no tiene los "efectos jurídicos inmediatos" de una normativa, por lo que los servicios técnicos del Ayuntamiento sólo tendrán que informar "jurídicamente" de las licencias que se vayan solicitando.
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