Desde que se abrió el plazo el pasado lunes, han sido 32 los promotores y particulares que han presentado la documentación necesaria en el Consistorio
Los propietarios de viviendas ilegales en Marbella han comenzado a reaccionar al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Junta para posibilitar la concesión de licencias de primera ocupación. Esto queda demostrado con el hecho de que un total de 975 casas han solicitado en la última semana los permisos que regularizará los inmuebles que adquirieron durante la era GIL, según explicó ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP).En concreto, desde que se abrió el plazo el pasado lunes, han sido 32 los promotores y particulares que han presentado la documentación necesaria para obtener la licencia de primera ocupación provisional. Muñoz aclaró que una quincena de éstos eran relativos a construcciones ilegales situadas en el área de Nueva Andalucía, mientras que en Marbella y San Pedro se concentraban ocho en cada término, y en Las Chapas sólo uno.Al tratarse de un asunto que está siendo abordado con bastante urgencia en el Consistorio, la regidora explicó que Urbanismo ya está estudiando si las 975 casas presentan los avales que garantizan las compensaciones que deben hacer a la ciudad para ser incluidas en el nuevo ordenamiento.En estos primeros días no sólo se han acercado a las dependencias municipales los constructores que realizaron tropelías urbanísticas. La dirigente popular señaló que 32 propietarios de locales comerciales que carecen de licencia de apertura han iniciado los trámites necesarios para su regularización. Según las estimaciones del equipo de gobierno, hasta un millar de tiendas y establecimientos podrán alcanzar el ansiado permiso gracias a la ejecución anticipada del nuevo PGOU, que el Ayuntamiento consensuó con los responsables de la consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.Esta medida, que ha sido recibida con ira por parte de un buen número de colectivos sociales y vecinales, permite, según Muñoz, que "un millar de familias cuenten ya con la confianza de tener en orden sus viviendas y negocios".
Los propietarios de viviendas ilegales en Marbella han comenzado a reaccionar al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Junta para posibilitar la concesión de licencias de primera ocupación. Esto queda demostrado con el hecho de que un total de 975 casas han solicitado en la última semana los permisos que regularizará los inmuebles que adquirieron durante la era GIL, según explicó ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP).En concreto, desde que se abrió el plazo el pasado lunes, han sido 32 los promotores y particulares que han presentado la documentación necesaria para obtener la licencia de primera ocupación provisional. Muñoz aclaró que una quincena de éstos eran relativos a construcciones ilegales situadas en el área de Nueva Andalucía, mientras que en Marbella y San Pedro se concentraban ocho en cada término, y en Las Chapas sólo uno.Al tratarse de un asunto que está siendo abordado con bastante urgencia en el Consistorio, la regidora explicó que Urbanismo ya está estudiando si las 975 casas presentan los avales que garantizan las compensaciones que deben hacer a la ciudad para ser incluidas en el nuevo ordenamiento.En estos primeros días no sólo se han acercado a las dependencias municipales los constructores que realizaron tropelías urbanísticas. La dirigente popular señaló que 32 propietarios de locales comerciales que carecen de licencia de apertura han iniciado los trámites necesarios para su regularización. Según las estimaciones del equipo de gobierno, hasta un millar de tiendas y establecimientos podrán alcanzar el ansiado permiso gracias a la ejecución anticipada del nuevo PGOU, que el Ayuntamiento consensuó con los responsables de la consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.Esta medida, que ha sido recibida con ira por parte de un buen número de colectivos sociales y vecinales, permite, según Muñoz, que "un millar de familias cuenten ya con la confianza de tener en orden sus viviendas y negocios".
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