martes, 2 de septiembre de 2008

El Supremo da vía libre al proyecto Cornisas del Tajo tras 28 años de litigio. Ronda (Málaga Hoy)

El Alto Tribunal permite al promotor José María Sánchez Robles construir 120 viviendas y un hotel junto al emblemático cañón de la ciudad
Uno de los proyectos urbanísticos más polémicos de la ciudad saldrá adelante después de tres décadas en los tribunales. El pasado 17 de julio el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a José María Sánchez Robles, dueño de los terrenos de la conocida en la ciudad como Casa Rúa, situados en las cornisas del Tajo y promotor del proyecto urbanístico Cornisas del Tajo. Esta resolución llegaba después de 28 años en los tribunales en una batalla judicial que enfrentó al promotor con el Ayuntamiento de Ronda y la Junta de Andalucía.El proyecto incluye la construcción de 120 viviendas y un hotel de lujo en una superficie total de 16 hectáreas situadas en uno de los parajes más emblemáticos de la Serranía rondeña.El origen del conflicto se sitúa en 1988 cuando el Ayuntamiento de Ronda, presidido por el socialista Manuel García Rubio, rechazaba en sesión plenaria la puesta en marcha de esta iniciativa urbanística, siendo apoyado por la Junta de Andalucía en esta determinación. Ocho años antes, en 1980, se presentaba este proyecto en el Consistorio rondeño siendo rechazado en varias ocasiones por los diferentes responsables municipales, hasta que la negativa a su desarrollo se hizo oficial en un pleno.La sentencia publicada anula la calificación de la zona como suelo no urbanizable que tiene el actual Plan General de Ordenación Urbana, (PGOU), y da vía libre a la puesta en marcha del proyecto Cornisas del Tajo y también da al traste con la intención municipal de seguir con esa calificación en el nuevo PGOU que se encuentra en estos momentos en la fase de exposición pública del avance, que impediría realizar cualquier edificación en estos terrenos. El propio Ayuntamiento intentó llevar a cabo una operación para comprar los terrenos, pero los propios técnicos municipales valoraron la transacción en unos 9 millones, una cantidad que fue inviable de asumir por el Consistorio. Además, el Consistorio deberá asumir como urbanizables estos terrenos en el nuevo PGOU, al objeto de dotar a esta zona con todos los servicios necesarios para que puedan contar con las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua potable.Según el hijo del promotor, Juan Sánchez Robles, se va a retomar la intención de llevar a cabo una urbanización en estos terrenos intentando desarrollarla cumpliendo los plazos fijados aunque apuntó que, en un plazo mínimo de tres años, no se realizará ningún tipo de movimiento de tierras en la zona. Sobre la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento, afirmó que "ya ha pasado mucho tiempo para poder hacerlo".

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