Los investigadores señalan al ex regidor José Manuel Martín, al arquitecto José Mora y al empresario Francisco Llamas como los principales pilares de la trama de corrupción urbanística en la Axarquía
"¿Cómo es el nombre, que se me ha olvidado? Yo siempre lo he conocido como Pepe Calayo". Se refería este político malagueño al que ha sido alcalde de Alcaucín durante más de 17 años y a su nombre artístico. La carrera política de José Manuel Martín Alba, aficionado al flamenco y experto en fandangos, se ha truncado con la operación Arcos, que ha destapado una presunta trama de corrupción urbanística en el pueblo que él gobernaba con las siglas del PSOE desde 1991, y desde el martes se encuentra en prisión preventiva como supuesto líder de una red dedicada a la promoción, construcción y venta de viviendas en suelo no urbanizable. Los destinatarios, principalmente, eran extranjeros ansiosos por tener una casa en la soleada Málaga, los mismos que han sostenido y engordado el padrón de Alcaucín (2.469 habitantes) desde principios de la década de los 90.
Martín Alba no actuaba solo y la operación desarrollada por la Guardia Civil, que dirige el juzgado número 3 de Vélez-Málaga con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y de Medio Ambiente, se ha saldado de momento con una docena de imputados. Los investigadores estudian ahora la documentación requisada y las escuchas telefónicas y no descartan nuevas detenciones. Según fuentes cercanas al caso, además del ex alcalde, los elementos principales de esta trama eran el arquitecto José Mora Lampérez, jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, conocido como Chiqui, y el empresario Francisco Llamas, un promotor afincado hace dos décadas en Benalmádena conocido como el Mexicano por una estancia prolongada en este país, al que emigró durante una etapa de problemas económicos en la costa.
Compañeros de Chiqui Mora no dan crédito a lo que ha pasado. La instructora del caso, Irene Urbón, ordenó el martes su ingreso en prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. Supuestamente, las construcciones sobre suelo rústico se legalizaban mediante informes y certificados falsos expedidos, que alteraban las inscripciones catastrales y registrales de las fincas, según la Guardia Civil.
Mora trabaja para la Diputación, que ha abierto un expediente informativo, desde hace más de dos décadas, y durante los primeros años estuvo destinado en la Axarquía antes de ser trasladado a Ronda a mediados de los 90. Ahora estaba asignado a la zona del Guadalhorce, según ha informado el organismo supramunicipal. Tenía autorizada la compatibilidad para ejercer en el ámbito privado desde 1991 y su chalé está en una de las zonas más privilegiadas de Málaga, en El Morlaco.
En la operación hay cuatro empresarios imputados y en libertad bajo fianza. Se trata de Manuel Tejada, José Manuel Rico (empresario onubense) y Francisco Llamas, a los que se les ha puesto un aval de 120.000 euros para eludir la prisión. Eduardo Crooke, yerno de Llamas, está en libertad bajo fianza de 30.000 euros. ¿Cuál era su papel? Presuntamente, pagaban comisiones, en metálico o en especie, a cambio de resoluciones que les beneficiaban. Uno de los delitos que se les imputa es cohecho. También están imputados el aparejador Francisco Lorca y el asesor fiscal Pedro José Grandfils.
Entre todos ellos, los investigadores resaltan la figura de Llamas. Su hija Virginia, también imputada, es administradora de la empresa Crocasa, promotora de varias viviendas en Alcaucín. Llamas, antes de trasladarse a la zona oriental de la provincia, estuvo asentado en Benalmádena. Algunas personas que lo conocieron lo consideran "muy amable, educado y muy inteligente". Es padre de la concejal de Urbanismo de Torremolinos, Isabel Llamas.
La empresa Alta Axarquía, vinculada a Manuel Tejada y a su hija Ana Rosa, también imputada, se benefició en mayo de 2002 de una recalificación de 143.000 metros de suelo rústico acordada por el Ayuntamiento de Alcaucín, que en octubre de ese año dio luz verde a un plan parcial para edificar 60 viviendas en esa finca.
Martín Alba está en prisión acusado de cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y delito urbanístico y firmó su renuncia al cargo y a su acta de concejal antes de ser conducido a la prisión de Alhaurín de la Torre. Una de sus hijas, ama de casa, también está imputada en el caso, que de momento ha cerrado su primer capítulo y ha revolucionado la Axarquía, centro ahora del Urbanismo salvaje.
"¿Cómo es el nombre, que se me ha olvidado? Yo siempre lo he conocido como Pepe Calayo". Se refería este político malagueño al que ha sido alcalde de Alcaucín durante más de 17 años y a su nombre artístico. La carrera política de José Manuel Martín Alba, aficionado al flamenco y experto en fandangos, se ha truncado con la operación Arcos, que ha destapado una presunta trama de corrupción urbanística en el pueblo que él gobernaba con las siglas del PSOE desde 1991, y desde el martes se encuentra en prisión preventiva como supuesto líder de una red dedicada a la promoción, construcción y venta de viviendas en suelo no urbanizable. Los destinatarios, principalmente, eran extranjeros ansiosos por tener una casa en la soleada Málaga, los mismos que han sostenido y engordado el padrón de Alcaucín (2.469 habitantes) desde principios de la década de los 90.
Martín Alba no actuaba solo y la operación desarrollada por la Guardia Civil, que dirige el juzgado número 3 de Vélez-Málaga con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y de Medio Ambiente, se ha saldado de momento con una docena de imputados. Los investigadores estudian ahora la documentación requisada y las escuchas telefónicas y no descartan nuevas detenciones. Según fuentes cercanas al caso, además del ex alcalde, los elementos principales de esta trama eran el arquitecto José Mora Lampérez, jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, conocido como Chiqui, y el empresario Francisco Llamas, un promotor afincado hace dos décadas en Benalmádena conocido como el Mexicano por una estancia prolongada en este país, al que emigró durante una etapa de problemas económicos en la costa.
Compañeros de Chiqui Mora no dan crédito a lo que ha pasado. La instructora del caso, Irene Urbón, ordenó el martes su ingreso en prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. Supuestamente, las construcciones sobre suelo rústico se legalizaban mediante informes y certificados falsos expedidos, que alteraban las inscripciones catastrales y registrales de las fincas, según la Guardia Civil.
Mora trabaja para la Diputación, que ha abierto un expediente informativo, desde hace más de dos décadas, y durante los primeros años estuvo destinado en la Axarquía antes de ser trasladado a Ronda a mediados de los 90. Ahora estaba asignado a la zona del Guadalhorce, según ha informado el organismo supramunicipal. Tenía autorizada la compatibilidad para ejercer en el ámbito privado desde 1991 y su chalé está en una de las zonas más privilegiadas de Málaga, en El Morlaco.
En la operación hay cuatro empresarios imputados y en libertad bajo fianza. Se trata de Manuel Tejada, José Manuel Rico (empresario onubense) y Francisco Llamas, a los que se les ha puesto un aval de 120.000 euros para eludir la prisión. Eduardo Crooke, yerno de Llamas, está en libertad bajo fianza de 30.000 euros. ¿Cuál era su papel? Presuntamente, pagaban comisiones, en metálico o en especie, a cambio de resoluciones que les beneficiaban. Uno de los delitos que se les imputa es cohecho. También están imputados el aparejador Francisco Lorca y el asesor fiscal Pedro José Grandfils.
Entre todos ellos, los investigadores resaltan la figura de Llamas. Su hija Virginia, también imputada, es administradora de la empresa Crocasa, promotora de varias viviendas en Alcaucín. Llamas, antes de trasladarse a la zona oriental de la provincia, estuvo asentado en Benalmádena. Algunas personas que lo conocieron lo consideran "muy amable, educado y muy inteligente". Es padre de la concejal de Urbanismo de Torremolinos, Isabel Llamas.
La empresa Alta Axarquía, vinculada a Manuel Tejada y a su hija Ana Rosa, también imputada, se benefició en mayo de 2002 de una recalificación de 143.000 metros de suelo rústico acordada por el Ayuntamiento de Alcaucín, que en octubre de ese año dio luz verde a un plan parcial para edificar 60 viviendas en esa finca.
Martín Alba está en prisión acusado de cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y delito urbanístico y firmó su renuncia al cargo y a su acta de concejal antes de ser conducido a la prisión de Alhaurín de la Torre. Una de sus hijas, ama de casa, también está imputada en el caso, que de momento ha cerrado su primer capítulo y ha revolucionado la Axarquía, centro ahora del Urbanismo salvaje.
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